Expertos refirieron que el uso de tarjetas con promesas de apoyo en las contiendas electorales datan desde el 2009 al tiempo que, mencionaron, las denuncias presentadas por los partidos políticos son una práctica recurrente en cada proceso electoral.

El exfiscal electoral, Héctor Marcos Díaz Santana, comentó que los primeros casos del uso de tarjetas en las campañas provienen del 2009.

El especialista electoral opinó que si las tarjetas generan tanta polémica en la vida electoral del país, se debe realiza una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para prohibir este mecanismo de propaganda política.

Por su parte, Marco Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, recordó que en el último proceso electoral del 2018 hubo polémica debido al uso de una tarjeta en la que se prometía un apoyo económico por el candidato Ricardo Anaya.

Ambos especialistas coincidieron en que las denuncias son recurrentes en los procesos electorales en el país.

Díaz Santa refirió que México es de los países en donde más impugnaciones y denuncias por delitos electorales se presentan en el mundo. Señaló que, en su momento, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) llegó a tener casi 235,000 asuntos que tienen que ver con tribunales.

Mientras que Baños explicó que la judicialización, es una característica de nuestro sistema electoral ya que, como se cuenta con instancias administrativas y jurisdiccionales para las elecciones, los candidatos y partidos acuden “a todas y cada una de ellas intentando lograr algunos beneficios para sus intereses políticos, pero es parte de la dinámica del proceso electoral. Lo que no puede ser una característica de nuestro sistema es una intervención tan inconstitucional como la está teniendo el presidente”.

Observación internacional

Los dos especialistas expusieron que la Organización de los Estados Americanos no tiene injerencia en materia electoral en México. No obstante, sí puede emitir observaciones aunque éstas se darían después de realizarse la jornada electoral del próximo 6 de junio.

“No es la primera vez que un candidato o representante de partidos políticos va a la OEA, sistemáticamente desde el 2012 lo han hecho (...) El papel de la organización, generalmente, es de asistencia técnica y en situaciones de alto conflicto en una elección. Ellos no son los que acostumbran a sacar tarjetas amarillas o rojas a funcionarios de primer nivel, históricamente nunca lo han hecho”, dijo Díaz Santana.

Por su parte, Marco Baños, detalló que a diferencia de la OEA, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sí podría resolver algún referendo de este tipo.

“Lo que puede hacer es alguna declaración u observación, que generalmente las dan después de que acaben los procesos electorales, porque la OEA tendrá una misión de observación en el proceso nacional, entonces cuando terminen las elecciones presentarán ante las autoridades electorales un informe y habrán de decidir si presentan una observación en relación al comportamiento del presidente, no emiten ningún tipo de resolución. Obviamente tiene la posibilidad de que en el informe se diga que se violentaron principios constitucionales o si hubo una intervención indebida del Ejecutivo”, comentó Baños.

ivan.rodriguez@eleconomista.mx