El reino por 1 kilo de tortillas

La amenaza de diciembre del 2010 por parte de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías de aumentar el precio de la tortilla en 40% suscitó reacciones del Ejecutivo federal –pedir que se mantengan los precios y castigar a quienes incumplan los acuerdos– y de políticos de partidos de oposición, quienes exigen un cambio en la política económica y social para evitar el alza de precios. Sus declaraciones nos permiten visualizar, en el microcosmos del mercado de la tortilla, las confusiones que aún existen en materia de competencia económica y políticas de desarrollo productivo (o industrial) y social.

El temor a un alza en el precio de la tortilla está en el riesgo de generar la percepción de una mayor inflación (por su peso en la canasta básica), lo que afectaría la opinión que la sociedad tiene del manejo de la economía y, por lo tanto, del PAN rumbo a las elecciones. El PRI sabe esto y explota el miedo a la inflación con fines electorales. Lo malo es que este tipo de declaraciones contribuyen a crear confusión en la población y parálisis en la toma de decisiones, sin ningún beneficio para la comunidad.

En un libre mercado, como el de la tortilla, los precios fluctúan de acuerdo con los costos que enfrenten los productores a lo largo del año. Pero tanto el gobierno como la oposición, con fines electoreros, prefieren un discurso de control de precios. He aquí la confusión. No sorprende que una encuesta reciente aplicada en México demuestre que existe desconfianza por parte de los mexicanos hacia el libre mercado.

En la época en que el gobierno aún controlaba gran parte de la economía era común escuchar declaraciones de pactos entre el gobierno y los productores, para que éstos no subieran los precios y así evitar la inflación –causa de grandes desgracias para el bolsillo de los mexicanos en las crisis de los 80 y 90-. También era común que se canalizaran grandes subsidios y se protegiera de la competencia a empresas mexicanas.

Hemos recorrido un largo camino desde esas décadas. México lleva 20 años viviendo en una economía liberalizada, donde los mercados que sí son regulados por el gobierno son pocos. Sin embargo, la mentalidad de los pactos parece mantenerse y además en los últimos años la política de apoyo a empresas ha girado más hacia un aspecto de política social con un enfoque en el changarro y la operación de programas como Mi Tortilla y Promasa al interior del tan cuestionado Fondo Pyme.

Es decir, continuamos mezclando temas: por supuesto que se pueden tener objetivos sociales que busquen aplacar condiciones adversas para un sector de la población que está marginado. También se puede apoyar a empresas para que éstas puedan adquirir más capacidades, tener acceso a financiamiento del mercado y resolver otras fallas de mercado, en aras de una mayor productividad. Lo que no funciona (y lo que no se vale desde el punto de vista de los que pagamos impuestos) es decir que la intención es ayudar a las empresas a mejorar su productividad o que en realidad se trate de acciones electoreras y programas de gasto social disfrazados.

Gran parte de la razón por la cual no podemos pasar ciertas reformas es por nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo en cuanto a la meta final: crecer o proteger, competir o impulsar la industria interna. Creemos que estas facetas son excluyentes entre ellas, pueden no serlo.

*María Cristina Capelo es investigadora de CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo AC) Twitter: @mccapelo

mccapelo@cidac.org