La consulta popular que se celebró el pasado domingo era una mala idea desde un principio. Preguntar a la gente si estaban de acuerdo en investigar y llevar a juicio a los expresidentes violaba derechos humanos. No había manera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara su constitucionalidad, tal como se formuló originalmente.

Aún así, el presidente López Obrador siguió adelante. Todo parece indicar que tomó la decisión de manera impulsiva, al calor del momento. Primero mandó a sus seguidores a recabar firmas, para que la consulta se realizara a petición de la ciudadanía. Pero los tiempos eran muy cortos. Al hacer el anuncio faltaba menos de un mes para la fecha límite y había que recabar cerca de dos millones de firmas.

Cuando se dio cuenta del error de cálculo, el político tabasqueño tuvo que hacer un viraje. Decidió que él formularía directamente la petición al Senado de la República, en ejercicio de una atribución que el artículo 35 de la Constitución le confiere. Apostó así su autoridad a una aventura política. Incluso si lograba conseguir el visto bueno de la Suprema Corte, después tendría que movilizar a cerca de 38 millones de votantes (40% del electorado) para que el resultado de la consulta fuese vinculante.

La decisión presidencial puso a la Suprema Corte contra la espada y la pared. En lugar de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta, la reescribieron. Con el fin de evitar una confrontación con el titular del Poder Ejecutivo, optaron por el malabarismo judicial. Descafeinaron la pregunta al quitarle cualquier elemento que implicara violación a derechos humanos. El resultado fue un verdadero galimatías: una pregunta cantinflesca, según el término usado por The Economist.

La prueba de ácido de una consulta consiste en dejar claro qué acciones específicas se desprende de su resultado. La Suprema Corte suprimió aspectos anticonstitucionales de la pregunta original, pero dejó el resultado completamente abierto a la interpretación. Al final, con la consulta el gobierno del presidente López Obrador parecía pedir un cheque en blanco para esclarecer decisiones políticas del pasado.

Una vez sorteado el filtro de la Suprema Corte, la consulta popular tenía que atraer el interés del electorado. El gobierno del presidente López Obrador apostó a promover el ejercicio como una autorización del pueblo para llamar a cuentas a los expresidentes, a pesar de que la pregunta no los menciona expresamente.

Pero la Constitución y la Ley Federal de Consultas Populares conciben el referéndum como una especie de sondeo o encuesta, no como un proceso democrático precedido de una amplia discusión y debate. Por ello, prohíben el involucramiento de los partidos políticos; dejan la difusión exclusivamente en manos de un actor neutral, el INE.

El resultado fue un fiasco. Sólo acudió a las urnas el 7.1 % del padrón electoral, unos 6.6 millones de votantes. El ciudadano promedio se desentendió por completo de la consulta. Tácitamente se negó a firmar el cheque en blanco que el gobierno federal pedía. A pesar de que el 97.7% contestó afirmativamente la pregunta planteada, la consulta popular del domingo no arroja ningún mandato. Las acciones que el gobierno emprenda serán por cuenta y responsabilidad propia.

La consulta popular también fue una derrota para el presidente López Obrador. Si su propósito era mantener enganchada a la opinión pública en una discusión sobre el pasado, la gente no picó el anzuelo. La ciudadanía parece estar más preocupada por los graves problemas que azotan al país, para los cuales el gobierno de la Cuarta Transformación sigue sin ofrecer resultados.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

Benito Nacif

Profesor

Voto particular

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

Lee más de este autor