Opinión

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El argumento contra las sanciones económicas

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Por Robert Skidelsky

Es muy dudoso que el uso cada vez mayor de sanciones económicas en la política internacional sea justo, conveniente o eficaz. Y cuando los defensores de estas medidas punitivas afirman que el comercio solo es posible entre personas civilizadas, ignoran el efecto civilizador del comercio en sí.

LONDRES – En días pasados, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, acusó a Rusia de utilizar la energía como un arma política. En respuesta, el Kremlin declaró que las sanciones norteamericanas amenazaban con exacerbar los desequilibrios en el mercado energético europeo. Este altercado resalta claramente el creciente –y cada vez más problemático- uso o amenaza de aplicar sanciones económicas en la política internacional.

Como herramienta de presión estatal, las sanciones económicas no alcanzan a ser una guerra, pero están más cerca de eso que de la diplomacia. Sin embargo, las justificaciones legales, políticas y morales para este tipo de medidas rara vez se cuestionan.

Los estados siempre han utilizado a la economía como una herramienta de geopolítica. El siglo XIX, cuando la economía internacional estaba esencialmente separada de la política internacional, fue una breve excepción a esta regla: Rusia inclusive obtuvo un préstamo en el mercado de Londres durante la Guerra de Crimea. Pero en la década de 1920, la Liga de Naciones revivió formalmente el uso de armas económicas contra los estados infractores. Y el Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas permite al Consejo de Seguridad imponer sanciones económicas contra los estados que amenazan o quebrantan la paz mundial.

El régimen de sanciones internacionales ha pasado por varias etapas superpuestas durante el siglo pasado. Al principio, las sanciones estaban destinadas a ser una respuesta a una intención o acción abiertamente agresiva de un estado, como una carrera armamentística o una invasión concreta de otro estado. La Liga de Naciones así impuso sanciones económicas a Italia cuando las fuerzas de Mussolini invadieron Abisinia en 1935.

En la siguiente etapa, se llegó a aceptar a las cuestiones humanitarias como argumento para aplicar sanciones. Por ejemplo, la opresión de grupos por parte de un gobierno al interior de un estado podría amenazar con generar efectos para “terceros” como una crisis de refugiados. Éste fue el sustento legal para las sanciones económicas de las Naciones Unidas contra Rodesia en los años 1970 y Sudáfrica en los años 1980.

Después de eso, algunos consideraban que un “cambio de régimen” en sí mismo era un propósito legítimo de las sanciones. Como argumentó en 1999 el entonces primer ministro británico Tony Blair durante un discurso en Chicago, “la propagación de nuestros valores nos hace estar más a salvo”. La idea subyacente aquí era que las democracias no inician guerras; sólo las dictaduras lo hacen. Derrocar al presidente iraquí Saddam Hussein del poder fue entonces el propósito no declarado de mantener las sanciones económicas contra Irak después de la guerra del Golfo de 1991.

El episodio reciente más importante en el régimen de sanciones internacionales ha sido la sanción de individuos y entidades “especialmente designados”. Estas medidas estrictamente dirigidas, dicen sus defensores, confinan el castigo a los perpetradores de lavado de dinero y otras prácticas cuestionables, y así evitan perjudicar al resto de la población de un país. Pero no son competencia de las Naciones Unidas, y por lo tanto son impuestas unilateralmente por países o grupos de países económicamente poderosos. Como es lógico, Estados Unidos, que ejerce la hegemonía del dólar en el mundo, ha sido el precursor en la aplicación de este tipo de sanciones. Pero la Unión Europea ha seguido los pasos de Estados Unidos.

La más conocida de estas penalidades individualizadas son las sanciones Magnitsky, que llevan su nombre por el abogado ruso Sergei Magnitsky, que acusó a las autoridades impositivas y agentes del orden rusos de defraudar a Hermitage Capital Management, una firma de inversión que él asesoraba, por 230 millones de dólares. Magnitsky fue arrestado y acusado de evasión impositiva y murió en la prisión Matrosskaya Tishina de Moscú en 2009, después de supuestamente haber sido golpeado por la policía.

Estados Unidos sancionó la Ley Magnitsky en 2012 con la intención de castigar a los individuos responsables. Y la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos de 2016, una legislación más amplia, “autoriza al presidente a imponer sanciones económicas y negar la entrada a Estados Unidos a cualquier persona extranjera identificada como partícipe en abuso de los derechos humanos o corrupción”.

Otras potencias occidentales –entre ellas el Reino Unido (2017-18), Canadá (2017) y la UE (2020)- desde entonces han sancionado bajo la legislación Magnitsky, y cientos de individuos y empresas en todo el mundo actualmente están siendo procesados según estas leyes. En forma separada, el Parlamento Europeo recientemente reclamó sanciones contra Hungría y Polonia por violar derechos LGBTQ+.

Ahora bien, ¿esta acumulación de sanciones es justa, conveniente y efectiva? En lo que concierne a la justicia, el reciente incremento en las sanciones dirigidas se basa en la legislación nacional, no internacional, y refleja las normas acordadas de sólo un segmento de la comunidad internacional. Es más, estas penalidades muchas veces se imponen a individuos y entidades con escasísimas explicaciones, sin que ni siquiera se los juzgue o condene por algún delito. Para muchos, por lo tanto, estas sanciones simplemente parecen una expresión de poder.

Su conveniencia también es dudosa. Las sanciones ex parte predeciblemente suscitan guerras de sanciones a menos que estén confinadas a países que no pueden tomar represalias. En todo caso, conducen a una violación de las sanciones y, por ende, a medidas potenciadas de vigilancia y cumplimiento a nivel internacional.

Con las sanciones a autoridades rusas por parte de Occidente por supuestos abusos a los derechos humanos en Chechenia, Estados Unidos, Canadá, la UE y el Reino Unido impusieron congelamientos de activos y prohibiciones de viajes a los funcionarios chinos involucrados en el maltrato de uigures en Xinjiang. Rusia y China se han unido en una condena a Occidente por iniciar una nueva “guerra fría”, y China en particular tiene mucha munición con la cual tomar represalias. ¿Realmente queremos que el mundo esté dividido en bloques económicos de sancionadores y vengadores?

La pregunta sobre la efectividad de las sanciones económicas probablemente sea la más difícil de responder porque no existe ninguna medida acordada de éxito. Muchos suponen que son una manera prácticamente sin costo de generar un cambio de régimen moralmente beneficioso, o cambios en el comportamiento de un régimen.

Esto puede ser así en algunos casos. Pero la abrumadora evidencia sugiere que las sanciones económicas tienen esos efectos sólo en conjunción con una intervención militar –lo que implica que por lo general son un acompañamiento de la guerra y no una alternativa-. De modo que deberíamos ser extremadamente cuidadosos a la hora de imponer sanciones por razones morales.

Después de todo, existe otro modelo pacífico para generar un mejor comportamiento internacional y doméstico. Autores como Montesquieu, Adam Smith, Richard Cobden, entre muchos otros, sostenían que el intercambio de bienes, personas e ideas tiene efectos pacificadores.

Las sanciones funcionan directamente en contra. Cuando quienes defienden estas medidas punitivas dicen que el comercio sólo es posible entre gente civilizada, ignoran el efecto civilizador del comercio.

El autor

Robert Skidelsky, miembro de la Cámara de los Lores británica, es profesor emérito de economía política en la Universidad de Warwick. Autor de una biografía en tres volúmenes de John Maynard Keynes, comenzó su carrera política en el Partido Laborista, se convirtió en el portavoz del Partido Conservador para asuntos del Tesoro en la Cámara de los Lores y finalmente fue expulsado del Partido Conservador por su oposición a La intervención de la OTAN en Kosovo en 1999.

Copyright: Project Syndicate, 2020

www.projectsyndicate.org

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