El 9 de junio pasado, la senadora Jesusa Rodríguez declaró que abogaba por la desaparición de las becas que otorga del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca). Es un ataque a esa instancia “desde dentro” —puesto que ella es artista— y con base en el poder que le confiere su alto predicamento como parlamentaria. Es decir, se trata de alguien con capacidad para hacer valer tan comprometedor deseo, propuesta o programa. Conviene, pues, tomárselo en serio; sobre todo, como una oportunidad para dialogar y procurar poner en claro algunas ideas sobre el asunto, más allá de meras opiniones personalistas, prejuicios grupalistas, falacias ad personam e intenciones de difícil reconocimiento público.

A partir de lo reportado por diversos diarios, lo expresado por Jesusa Rodríguez puede resumirse así: 1. Ella siempre ha pensado que las becas del Fonca deberían desaparecer. Esto concordaría con la confesión de que le “parece vergonzoso que la gente se haya repartido esas becas, porque son artistas excelentes”, 2. Dado que estamos en los comienzos de un cambio de régimen, los artistas y todos los que en este país han tenido “pocos o muchos privilegios”, deberán “aguantar y bajarle” a su ejercicio, 3. “Es el momento de que pensemos en la gente que ha vivido muchos años en la miseria absoluta”, 4. El proyecto es “Primero los pobres”, 5. Hay artistas pobres; a ellos sí se les deberá apoyar, 6. Los actos de “aguantar” y “bajarle a los privilegios” tendrían el carácter de una suerte de expiación, porque todos “somos parte” de las desapariciones forzadas, de la masacre de más de 250,000 personas y de la corrupción, “por haberlo permitido” y 7. “Los artistas excelentes” harán bien en seguir siéndolo, pero “en la iniciativa privada”. Ya es hora de que dejen de “vivir del presupuesto”.

Los sentimientos y creencias personales de Jesusa Rodríguez, en torno al Fonca y los artistas beneficiados por sus becas, no son asunto de interés público. No viene al caso discutir sobre ello aquí. El resto de los aspectos referidos en su declaración sí son dignos de, al menos, una consideración sumaria. Discurriré por este camino:

  1. El tema del financiamiento público de la actividad poética —en el uso griego del adjetivo; pues, en la antigüedad clásica helénica, la palabra “poesía” designaba a todas las artes y “poeta” era el nombre que recibían todos los agraciados por el susurro inspirador de las musas— se sitúa en el plano del interés nacional, no en el de las apetencias focales ni en el de las opiniones de tonalidad emotiva, visceral, ni en el de las expectativas individuales y grupales.
  2. Las opiniones de Jesusa Rodríguez y muchas de quienes han reaccionado ante ellas traslucen, de manera tácita, intereses y posturas relativas a la participación en el acceso a la riqueza generada por la nación (sus dones naturales llevados a valor por el trabajo de sus gentes). Esa aspiración y su cumplimiento pueden ser legítimos, cuando operan conforme con cuatro condiciones, como mínimo: a) concordar con el interés nacional —según los órganos destinados a establecerlo y hacerlo valer—, b) no ser un privilegio —esto es, haber sido satisfecha conforme con reglas claras, que respetan y hacen viable la igualdad de oportunidades de todos los/las beneficiarios/as potenciales—, c) someter los resultados de la labor artística patrocinada con recursos públicos al escrutinio de órganos evaluadores ad hoc y d) retribuir a la nación los estipendios rectamente recibidos.
  3. Decir que el patrocinio de la actividad artística y, en general, de la cultura es parte de los intereses primordiales de la nación equivale a decir que es un asunto de Estado. Esta afirmación me parece válida de cara a cualquier modalidad de Estado. En lo personal, me inclino por estipular una noción de “Estado” bastante sencilla: la red de relaciones interpersonales que articula el espacio público, en un territorio y una comunidad humana (algo que admita ser llamado “polis”, en un sentido lato: el objeto de la reflexión política y el espacio de la acción política). No hablo, pues, del fetiche aparatista decimonónico ni de las estructuras de coacción partidocrática ni de las tramas institucionales que canalizan diversos modos de la libido dominandi ni de las redes de biopoderes, que dimanan los dispositivos propios del régimen económico-social neoliberal, hegemónico en nuestro mundo de la vida. Trato de atisbar un justo medio entre el extremo de las instancias estáticas del Estado-Nación moderno y el de la ilusión de un alígero dispositivo que garantice la libre dinámica de los negocios, sin importar ninguna otra dimensión de la existencia humana.
  4. Ese espacio público, organizado —al menos, “teóricamente”— para el bien personal de sus integrantes, en la medida en que realiza el bien común, esa “‘polis", siempre comporta un equilibrio entre individuo y sociedad. La buena política, la política justa, consiste precisamente en procurar la cohesión del conjunto político (la comunidad, el Estado) como efecto de la realización constante de la justicia a escala de las personas y de los grupos sociales que lo conforman.
  5. Una justa organización y conducción de la polis exige una adecuada consideración de las áreas de acción social necesarias para su mejor funcionamiento y, así, su mejor realización como sociedad o comunidad. Necesitará organismos de administración del espacio público, órganos dedicados a la elaboración de las normas que regulen las relaciones entre la gente, instancias para la impartición de justicia, un amplio y diversificado sistema educativo, un eficiente aparato productivo, estructuras efectivas para el desenvolvimiento del mercado y las finanzas, un conjunto de fuerzas militares y policiales destinadas a la protección de la ciudadanía y de la nación, un buen sistema de salubridad, instancias de realización espiritual de la gente, una red de entes dedicados a la investigación científica y humanística, espacios y dispositivos aptos para el ocio, infraestructuras que posibiliten los servicios indispensables para una vida digna (comunicación, energía eléctrica, agua y demás). También requerirá estructuras para el impulso de las más elevadas expresiones del arte, de la cultura... de todo lo “humanizador” (lo que eleva a los seres humanos sobre la mera lucha por la subsistencia y sobre la intrascendencia materialista), así como sus equivalentes para el fomento de los más diversos deportes. Una Nación-Estado sin poetas —artistas— es una aberración antipolítica imposible de imaginar. Un Estado consciente de eso no se puede desentender de sus poetas. Algo debe hacer para posibilitar y potenciar la labor de sus poetas. Esto es algo que admitiría alguien como Platón, injustamente calumniado por quienes menos y peor leen sus obras como partidario de una falsa polis sin poetas.
  6. Lo anterior es lo elemental en la configuración de un orden político-social, individual-comunitario, que merezca el nombre de “Estado”. En los casos en que existen situaciones graves de injusticia, de deudas históricas y de extremas disfunciones en el mundo de la vida de alguna parte de la comunidad, se justifican estructuras especiales de apoyo a los más débiles, preteridos, humillados y ofendidos. Pero nada avalaría que esto último se hiciera al precio de descargar al Estado de sus compromisos y responsabilidades frente al desarrollo artístico y cultural del país. Esto suena tan absurdo como, por ejemplo, proponer la eliminación de las instancias de promoción del deporte, para colocar esta actividad social en el ámbito de la iniciativa privada, hasta que desaparezca la pobreza en nuestro país.
  7. Traigo a colación estas perogrulladas, porque la senadora Jesusa Rodríguez parece haberlas olvidado o perdido de vista, cuando da cuenta de lo que parece una política cultural que se reduce a la abolición del Fonca y de sus instancias concretas de apoyo al arte y los/las artistas, confina las funciones y procesos implicados ahí en el desierto de una exigua iniciativa privada cultural y concede que se abra la puerta de la caridad y del mecenazgo —nunca inmunes a la injusticia, como todo lo humano— a los/las poetas en estado de pobreza.
  8. Mal que bien, guste o no, el ancien régime previo a la era de la autoasumida como “Cuarta Transformación” hizo notables esfuerzos para que el Estado mexicano cumpliera la parte correspondiente a su misión cultural. No se puede negar que las estructuras para el desarrollo de la cultura que habilitó el Estado nacional mexicano, en esa época histórica, presentaba defectos que no viene al caso detallar aquí y que, a la postre, se avenía con los intereses de las élites económicas, políticas y sociales del país, así como con el cometido general de dominación y de cohesión coercitiva que se consideraba inherente a su existencia como máxima entidad política de la república. También era anuente con las expectativas de los poetas que encabezaron el canon literario mexicano del siglo XX (básicamente, Paz, Rulfo, Fuentes, Arreola), quienes por cierto, en su momento, reclamaron con urgencia y éxito políticas culturales de gran calado al Estado de la revolución Mexicana. Las generaciones subsecuentes (Pacheco, del Paso, Poniatowska, Glantz y tantos otros) concordaron, en lo esencial, con aquel esquema de relación del Estado con sus poetas, incluso en los casos de mayor identificación con el ahora presidente López Obrador. Con todo lo que ese concordato haya tenido de objetable, nada justifica que se le ninguneen sus obvias virtudes y sus contribuciones al interés nacional, sin menoscabo de los pobres de México, que algún beneficio debieron de recibir de ello. Como sea, me parece sensato admitir que era mejor ese statu quo cultural defectuoso y parcialmente lastrado por favoritismos, discrecionalidades, criterios opacos, procederes de “caja negra” y otras falencias que una eventual disociación entre el Estado mexicano —incluso si llega a configurarse un Estado específico de la “Cuarta Transformación”— y los poetas.
  9. No hay en las opiniones de Jesusa Rodríguez algo que se acerque a una caracterización del Fonca y sus becas. La afirmación de que “artistas excelentes” se han “repartido las becas” no remonta el más bajo nivel dóxico y su sustancia se reduce a una falsedad apenas convertida en lugar común de habladores sin fundamento. En general, los poetas no estamos pensando en saquear a nuestro antojo la riqueza nacional. Salvo algunas excepciones que nunca faltan, los artistas vinculados por activa o por pasiva con el Fonca aspiran con justeza al reconocimiento del derecho a participar de esa riqueza de manera racional y regulada, para un mejor ejercicio de sus vocaciones artísticas. Esa expectativa viene acompañada de la conciencia y la intención de asumir responsabilidades de cara a la nación. Nunca hemos sido los poetas quienes han definido la magnitud de los fondos que maneja dicha instancia y nos hemos limitado a admitir decisiones colegiadas, conforme con reglas claras.
  10. Nadie es tan tonto como para negar que, pese a todo, también en las decenas de programas de apoyo a la actividad artística impulsados por el Fonca pueden darse procederes antiéticos, injusticias, decisiones sesgadas en favor de personas, grupos y tendencias, trampas, situaciones de embudo... De hecho, se conocen varios casos de maniobras reñidas con la más elemental decencia. Ante esta realidad, conviene dejar sentado, cuando menos, lo siguiente: a) no se trata de una política institucional, b) las denuncias comprobadas de hechos de esa índole han sido atendidas de manera bastante efectiva, al tiempo que se han emprendido las correcciones normativas necesarias; asimismo, en general, los reclamos justificados de artistas afectados por decisiones sin razón suficiente han recibido la atención correspondiente y c) no son los defectos y fallas potenciales y reales de un sistema de patrocinio cultural los que definen su entidad esencial, sino la dignidad de sus fines, su pertinencia en el plano de los intereses de la nación y la cuantía de sus mejores logros.
  11. Como sea, lo más sensato y adecuado, a la hora de procurar una caracterización del Fonca, es la realización de una rigurosa evaluación de sus estructuras, bases normativas, procedimientos y acciones concretas, desde su fundación hasta el presente. Sin ese paso previo, estamos condenados a la conjetura, a la impresión primaria, a los límites de la experiencia personal, a los rumores y análisis de intención imprecisa y fundamento precario... Estoy pensando en un proceso de indagación sin restricciones, efectuado por instancias del Fonca y de la Secretaría de Cultura, así como por representantes de los/las poetas —artistas— y de entes de representación popular como el propio Congreso de la Unión.
  12. Con todo, no es imprescindible esperar a una evaluación de ese calibre para saber que la parte del erario público que ha manejado el Fonca no ha financiado privilegios. Lo que asegura Jesusa Rodríguez a este respecto, no pasa de ser una muy débil petición de principio. Un verdadero privilegio comporta la confección de normas ad hoc (una ley privativa: privi-legium), en beneficio exclusivo de alguna persona o grupo y en detrimento de las oportunidades de sus pares. No es eso lo que ha sucedido con el Fonca, ni siquiera en el caso de las prerrogativas reconocidas a los creadores eméritos. Cada quien tiene el derecho de juzgar como le parezca esta última figura, pero es claro que aspira a ser el homenaje perenne de la nación a los mejores exponentes del arte generado en México. Algo que, por cierto, hace todo Estado-Nación bien constituido, del signo ideológico que sea. Así que, en principio, el Fonca confiere becas y apoyos como una manera de reconocer y patrocinar proyectos artísticos de categoría eminente, propuestos por artistas de trayectoria probada. Estos se comprometen a cumplir lo previsto en sus proyectos y a retribuir a la nación los recursos recibidos. La tríada que ha venido definiendo la relación entre el Estado y los poetas, por medio del Fonca es, pues: reconocimiento —compromiso (o contrato)— retribución social.
  13. Me parece respetable y estimable la idea de poner a los pobres en primer lugar, en la acción de gobierno. La nación tiene una innegable deuda social con los/las mexicanos/as sometidos a la máxima explotación, injusticia y marginación. Es una obligación del Estado tratar de pagarla y eso justifica todo manejo legal y honrado por obtener los recursos necesarios a tal fin. No resulta justo, sin embargo, disminuir sin fundamentos claros los presupuestos culturales, como si ese mismo Estado no tuviera obligaciones fundamentales con el arte, los/las poetas y la cultura. Los recortes en el ramo deben cimentarse en la evaluación del Fonca y en el principio de no poner en peligro la misión cultural del Estado. Decir “Primero los pobres” no equivale a decir “Solo los pobres”.
  14. El argumento “pauperista” de Jesusa Rodríguez subyace el supuesto de que los pobres son pasibles de recibir meros apoyos materiales. Sabemos que, con el estómago vacío y sin condiciones materiales meridianamente dignas, los dones culturales y espirituales pueden saber a frivolidad o insulto. Pero la vida humana no se reduce a pan, techo, tierra, casa, dinero en el bolsillo o en el banco y todo eso. También están los indispensables momentos de “lujo existencial”, que el estado de pobreza extrema tiende a impedir; es decir, también están las necesidades poéticas de los pobres, que alguien debe satisfacer y no de cualquier manera. Cabe recordar, pues, que es parte de la misión del Estado garantizar que los pobres de México accedan a la actividad artística de mejor calidad generada en el país. Y para que eso suceda debe haber artistas suficientes en calidad y cantidad: lo que a su vez determina la necesidad de apoyos para su mejor desenvolvimiento. Por lo demás, si Jesusa Rodríguez y quien piense como ella discrepara de este planteamiento, estarían en la obligación de demostrar la existencia de un concomitancia entre la existencia del Fonca y la suerte nefasta de los desposeídos del país. Es decir, habría que fundar el supuesto de que la desaparición de ese ente ayuda más a los pobres que su continuidad, con base en los correctivos que permita advertir su evaluación y un nuevo rumbo que quiera imprimirle el actual gobierno. Actuar a la ligera en este campo comporta el riesgo de perder demasiado: buena parte del potencial artístico de México, sin que ello se traduzca en una vida más digna de los pobres, que podrían habituarse a recibir dádivas materiales (sin los soportes éticos que ello implica), al mismo tiempo que no entablan un sólido contacto con las mejores expresiones del arte.
  15. Los/las poetas no somos culpables, en ningún grado, de las atrocidades que se han venido cometiendo en el país. La opinión de Jesusa Rodríguez, a este respecto, se sustenta en una culpígena “falacia del silencio”. El haber (supuestamente) callado ante tanto crimen no significa que se “otorgue”, se admita, su improbable justeza. Hay cosas que dependen de uno y otras que no. Ni la voluntad de los criminales ni sus planes ni las limitaciones de los poderes públicos ni ninguna otra dimensión de ese asunto dependen de nosotros. Como sea, no se puede determinar con certeza a qué viene esa confusión entre la “gimnasia” (de nuestra falsa anuencia ante el hampa) y la “magnesia” (de privilegiar, por vía de excepción, a los pobres). ¿Acaso un intento inexcusable de chantaje moral?
  16. Ya que hemos callado tanto ante los horrores de los últimos sexenios, los/las poetas debemos seguir haciéndolo, cuando Jesusa Rodríguez y afines acaben con el Fonca. Deberemos aguantar y callar, “bajarle” a nuestras pretensiones de dar curso a nuestras vocaciones, con la ayuda del erario público. Este es un exhorto a la abnegación, por lo que no puede formar parte de una política de Estado. Cada quien puede optar por atender la invitación de Jesusa Rodríguez, pero habrá quien, con todo derecho, decida lo contrario. Lo que necesitamos, entonces, es una política cultural integral, que contemple un vínculo neutro —no ideológico ni personalista ni parental ni de amiguismo— entre el Estado y los/las poetas. Sería ridículo definir el presupuesto para la cultura —si es que llegara a sobrevivir un elemento tan nocivo para la suerte de los pobres, según nuestra artista-senadora—, a partir de la renuncia ascética de sus potenciales beneficiarios o de la elaboración de un censo de la gente díscola y egoísta que se niegue a ello.
  17. El llamado a la abnegación de los/las artistas viene parejo con la propuesta de una salida: dejar vivir del presupuesto, dedicarnos a la poesía en la iniciativa privada. Asombra que este facilismo insulso se presente implícitamente como política cultural para México. Sorprende más todavía su inocultable talante neoliberal. Pero, por si no bastara, abisma por lo que evidencia de ingenuidad. ¿En qué país vive Jesusa Rodríguez? Ella, mejor que nadie, debería saber que en México no existe una sólida economía cultural privada, que incluso quienes en el medio disponen de capitales han “parasiteado” sin misericordia al Estado, que hay zonas fundamentales de la actividad artística —como lo que comúnmente llamamos “poesía”— que siempre operan a fondo perdido, que la lógica del mercado actúa en general como un gran obstáculo para todo fin trascendente, incluyendo la actividad más comprometida con los más elevados valores estéticos, que no se han generado estructuras que dinamicen una actividad artística estable y rentable, al tiempo que formen un público receptor de tamaño respetable y dispositivos adecuados para el ejercicio de la crítica, que la labor cultural de calidad no sólo es la cenicienta del exiguo orden del espíritu, en México, sino que además debe afrontar en desventaja los efectos nocivos de un sistema educativo y un aparataje de medios de comunicación masiva no solo incultos sino contrarios a la cultura... Salvo iniciativas y empresas muy focales —y de manera muy dispareja, según los géneros artísticos—, en el país no existen condiciones para que la gran mayoría de quienes se dedican a las artes puedan hacer coincidir sus fuentes de ingresos con el ejercicio libre de sus vocaciones. La obviedad de este hecho intensifica la irresponsabilidad y ligereza del planteamiento de Jesusa Rodríguez.
  18. Por último, he aquí que el raciocinio de Jesusa Rodríguez se muerde la cola y se topa con el hecho de que, en el bloque de los “privilegiados” que constituyen un grave obstáculo social-presupuestario para los pobres, ¡también hay pobres! La senadora tiene soluciones para todo: también a estos se les apoyará. Cabe preguntar cómo. ¿El nuevo gobierno realizará un estudio socioeconómico de todos/as los/las poetas para determinar quiénes son pobres y, por tanto, susceptibles de estipendios? Dado que una empresa así luce complicada y costosa, ¿van a esperar a que los/las artistas pobres toquen las puertas del gobierno pidiendo ayuda o alguien todavía impreciso determinará a ojo de buen cubero quién es pobre y quién no entre los/las poetas? Sean cuales fueren las respuestas a estas y otras preguntas potenciales, se percibe con facilidad cierto tufillo a prácticas “caritativas”, clientelares, grupalistas, discrecionales... ¿De veras sería mejor una reconversión del Estado en mero hospicio y “'cementerio de elefantes poéticos” que el redimensionamiento del Fonca, con la corrección puntual de sus defectos y limitaciones, y la introducción de novedades como el ingreso de los artistas desamparados al sistema de seguridad social o la conformación de mecanismos efectivos de promoción de los mejores frutos de la cultura nacional en el conjunto de la población mexicana (con los pobres a la cabeza)? Responder a preguntas como esta pasa por repensar a fondo la relación del Estado y los poetas. Buena tarea para Jesusa Rodríguez y los funcionarios culturales del nuevo gobierno.

Coda:

Justo al término de mi alegato contra las opiniones de Jesusa Rodríguez, aparecen en los medios una polémica declaración “mañanera” del presidente López Obrador, una pérfida nota periodística sobre los poetas más becados por el Fonca, algunas reacciones de poetas/artistas dignos del máximo respeto y las oportunas aclaraciones de Marina Núñez Bespalova, secretaria ejecutiva de dicha instancia. Me permitiré agregar las siguientes reflexiones:

  1. Como afirma el poeta David Huerta, en sus expresiones sobre la cultura, el presidente AMLO evidencia severas limitaciones conceptuales, pero también que el tema no está entre sus prioridades, acaso porque no lo considera asunto de Estado. Siento tener que decir que el propio presidente encarna los efectos de la quiebra de la más radical tradición cultural, cuando profiere opiniones como que “todo es relativo”. Esta falsedad fue refutada hace más de 2400 años, por lo menos. Mantenerse en el nivel de ese relativismo primario habría impedido la enorme historia del pensamiento filosófico y el desarrollo de la ciencia que nutren a nuestro mundo. Cuando, además, el presidente limita su visión de la cultura a la que han forjado nuestros indígenas en América, parece comulgar con una deriva agravada de ese relativismo, que es la disolución de una idea radicalmente humana de la cultura como fenómeno universal, por obra de cierta vulgata de cariz antropológico. Nadie en sus cabales puede negar la grandeza de las realizaciones trascendentes de nuestros pueblos indígenas, pero éstas no copan el “universo mundo”. Justo para garantizar que los mexicanos/as del presente y del futuro superen esos y muchos otros equívocos y se nutran de los tesoros generados por la potencia poética de los pueblos es imprescindible asumir la promoción de la actividad artística como política de Estado.
  2. Me parece del todo urgente y pertinente que una comisión de poetas/artistas, dotados de sindéresis, además de la consabida solvencia intelectual y representativa hasta donde se pueda, gestione un encuentro con el presidente, para dialogar sobre estos asuntos, limar asperezas, disipar equívocos y esclarecer intenciones, siempre en el entendido de que a nadie conviene una “guerra” de los poetas/artistas con sectores del gobierno y de las fuerzas en que éste se sustenta. Este país no está para más confrontaciones evitables. Si se la pasa haciendo reuniones con los empresarios y los trabajadores y demás —como corresponde a su alta investidura política— ¿por qué no con nosotros?
  3. Quienes andan husmeando en archivos, para detectar cuántas veces han sido becados Fulana y Sutano, ejercen un derecho democrático. Pero, además, evidencian haberse colocado en una perspectiva errónea, puesto que así pierden la oportunidad de una visión de conjunto. Para empezar, la cantidad de veces en que se haya becado a alguien es un asunto demasiado determinado por la edad. No es necesariamente el indicio de ningún favoritismo. En segundo lugar, cada beca ha sido el resultado de un concurso competitivo, con base en criterios claros y en la ponderación de trabajos de comprobada calidad. En tercer lugar, se trata de poetas/artistas que han generado un notable conjunto de obras, en algunos casos, decisivas para el presente cultural mexicano. Quisiera saber quién de los angustiados por esta parte del tema Fonca, ha sido capaz de componer siquiera un solo libro equiparable a alguno de los de Elsa Cross, David Huerta, Christopher Domínguez Michael, Fabio Morábito, Francisco Hinojosa... Último y más importante punto: el escrutinio de la función del Fonca debe hacerse a la luz de determinada idea de la cultura como política de Estado. Jamás negaré los defectos de esa instancia y me constan algunas injusticias, pero no expresan una política institucional. Una de las artes más socorridas del ser humano, ahora y siempre, consiste en envilecer lo más noble. Nada de lo que concierne al Fonca escapa a ese designio, pero eso no es un argumento válido para eliminar un programa raigalmente generoso, orgullo de la visión estratégica del Estado mexicano sobre la materia y envidia de sus pares, al menos, en el resto de América Latina. Más bien, debe servir de acicate para corregirlo, mejorarlo, repotenciarlo y, sobre todo, convertirlo en un verdadero sistema —equiparable, en el plano estructural, al SNI— y, así, en una casa en la que quepan todos quienes tienen que aportar algo serio y notable al desarrollo cultural del país, con el máximo compromiso social. Por supuesto, no se trata de “cooptación” —como proclaman algunos mediocres resentidos—, tampoco de una incitación a la dolce vita —para evitar eso están las evaluaciones periódicas, siempre mejorables— ni de dar cheques en blanco. Es cuestión de una política del Estado ante sus poetas: clásica responsabilidad asumida por los Estados con proyecto claro de nación y con profunda visión estratégica.
  4. Reconfortan las declaraciones de Marina Núñez Bespalova: no se está haciendo nada para desmantelar el Fonca, se le ha instruido que procure mejorar y fortalecer algunas de sus áreas, se subsanarán fallas en el plano instrumental, normativo y administrativo... Sobre todo, tranquiliza constatar que, al frente de esa instancia hay alguien consciente de que no es un club de privilegiados ni un hoyo negro de gasto burocrático, sino más bien una inversión de interés social. Con todo, sus palabras y actitudes contrastan con otras expresiones de sectores oficialistas, hasta el punto de evidenciar una división en los aparatos administrativo, comunicacional y político del gobierno. Esperemos que la superen, por el bien de todos.*

* Josu Landa es poeta y filósofo, ejerce la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su obra incluye libros de poesía, Treno a la mujer que se fue con el tiempo, Estros; narrativa, Y/0. Ensamble; y ensayo, Poética, De archivos muertos y parques humanos en el planeta de los nimios, Aproximación al verso libre en español, Tanteos, Canon City, Éticas de crisis, El método en Marx, Ensayes y La balada de Cioran y otras exhalaciones. Ha recibido el Premio Carlos Pellicer de Poesía y la Orden Andrés Bello. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México.