La economía mexicana ha venido experimentando una caída significativa desde el año pasado misma que se agudizo este año. Como pocas economías del mundo, la mexicana depende significativamente de la política y, en particular, de los resultados electorales. La condición de ser un país cuya economía depende fundamentalmente de las relaciones de la empresa con el gobierno a través de la explotación de recursos naturales (concesiones), el uso de los recursos públicos (licitaciones) y, aprovechamientos (licencias, autorizaciones), así como una mayoritaria actividad informal y aún escasos sectores de valor agregado; provocó que el proceso electoral federal frenará drásticamente nuestro desempeño económico. Lo anterior aunado a que hemos observado en los últimos años es una drástica disminución del gasto público en inversión, aumento considerable de la deuda pública con relación al PIB e ingresos, la priorización del gasto corriente y un endémico estancamiento económico.

Ahora bien, hay que reconocer que este año se ha visto que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha impulsado una fuerte austeridad, la supresión de gasto corriente y el freno al irresponsable crecimiento de la deuda. Sin embargo, no se ha observado aumento en la inversión pública y el estancamiento económico se ha prolongado. Se ha mantenido la tendencia del estancamiento que se agudizo por el cambio de gobierno y el establecimiento de nuevas reglas del juego. En este sentido hemos vivido una etapa de incertidumbre y el establecimiento de nuevos parámetros de confianza entre el sector privado y el gobierno sustentados en la firme decisión del presidente de frenar la corrupción trayendo a la mesa la moral como principio y fin de esta relación. Naturalmente estos procesos generan desconcierto en el comienzo que se deberá disipar a lo largo de la maduración de esta administración. En adelante, lo único que este gobierno deberá de cuidar es continuar con el restablecimiento de la confianza y la certidumbre en los agentes económicos preservando la claridad de la política económica y seguir estrechando la comunicación con el sector privado. Una cosa ha sido establecer las nuevas reglas del gobierno, abrir una nueva y novedosa forma de dialogo y, establecer el principio ético en la forma de llevar la economía y, otra cosa será, desproteger a la planta productiva del país mediante políticas poco favorables al crecimiento económico.

Como los procesos económicos están básicamente estancados, ello puede presuponer que, por esa misma condición, más el previsible relajamiento de la política monetaria por parte del Banxico al igual que un gobierno que ha cubierto su cuota de curva de aprendizaje junto con medidas como el Plan Nacional de Infraestructura; nuestra economía estaría preparada para iniciar su recuperación. En términos estadísticos esto es posible en virtud de que la base de comparación para 2020 con relación a 2019 es muy baja. No obstante, hay que insistir en la necesidad de continuar reestableciendo la confianza y la certidumbre económica de lo contrario la recuperación será a penas insipiente sólo útil para la estadística y no para la hacer sentir un impacto real en la población. Los agentes económicos pueden estar dispuestos a aguantar un año más de freno económico si con ello, se castiga la corrupción, se mejora la seguridad pública y se establecen bases sólidas para que sea la ética la que rija las nuevas relaciones entre el gobierno y los empresarios.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, en Washington, DC y en la Presidencia de la República. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas.

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