Disciplina financiera: ASF

No hay plazo que no se cumpla y el plazo para que los gobiernos, estatales y municipales se ajusten a la nueva Ley de Disciplina Financiera (LDF) ya se cumplió.

La Auditoría Superior de la Federación que encabeza David Colmenares tiene ya un programa de Auditorías de Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño y la Auditoría Especial de Desempeño, con base en la nueva Ley de Disciplina Financiera.

Esta LDF prevé una serie de indicadores y sistema de alertas para vigilar el más eficiente uso del gasto y el respeto a los límites de endeudamiento.

La idea es meter en cintura a los gobiernos de los estados y municipios para que gasten mejor y se endeuden responsablemente.

Todo parte de un diagnóstico contundente: los estados de la República y municipios gastan mucho e ineficientemente, se endeudan descontroladamente y el ejercicio de los recursos se realiza sin medición de resultados.

Estados: gasto creciente

De acuerdo con los datos del auditor especial del gasto federalizado de la ASF —y antes tesorero de la Ciudad de México—, Emilio Barriga, los estados y municipios aumentaron su participación en el gasto neto total federal.

Para el año 2017 el gasto que ejercieron representó más de la tercera parte del gasto neto total federal.

Es decir los recursos federales transferidos a las entidades, municipios y alcaldías representaron más de una tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Piden, no recaudan

Por otra parte, las potestades tributarias de las entidades federativas representan sólo 1.4% de la recaudación federal participable y la recaudación de impuestos y derechos locales, sólo 8.4 por ciento.

Esto se explica porque las entidades federativas cedieron a la Federación las facultades de recaudación de las contribuciones de alto potencial recaudatorio como el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los estados de la República Mexicana renunciaron a sus atribuciones fiscales en un diseño fiscal que ha fomentado la depredación de la base fiscal de ingresos propios.

Dependen de la federación

Los recursos federales transferidos, representan un porcentaje mayoritario de los ingresos de los gobiernos locales.

En las entidades federativas significan en promedio 85% y en los municipios alrededor de 70%, pero en los municipios con más rezago social, que son la mayoría, es superior a 90 por ciento.

La capacidad promedio de las entidades federativas para generar ingresos por impuestos como proporción del total de sus ingresos es tan sólo de 4.9 por ciento.

Ni para salarios

El porcentaje de participación de gastos en servicios personales como proporción de gasto total en las entidades federativa fue de 19.84% en promedio durante el 2016.

Cuando se compara la contribución porcentual de los ingresos por impuestos en los ingresos totales, con respecto a la participación porcentual que tienen los servicios personales dentro del gasto total, se observa que a nivel nacional, lo recaudado por los tributos locales por parte de las entidades federativas es insuficiente para financiar el gasto destinado a los sueldos y salarios de los funcionarios locales.

Únicamente tres entidades federativas serían capaces de financiar su gasto en servicios personales utilizando sólo sus ingresos tributarios, en este caso se encuentran la CDMX, Quintana Roo y Querétaro.

Por el contrario, existen nueve entidades cuyos gastos en servicios personales supera en más de siete veces lo que recaudan por ingresos tributarios.

Responsabilidad financiera

Lo anterior ejerce presión sobre las finanzas públicas estatales, haciendo que los gobiernos locales busquen otras fuentes de recursos para financiar dicha erogación, además de generar incentivos no adecuados.

Por eso, a través de la aplicación de la LDF, se busca promover de manera efectiva el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos.

Y para ello se requiere de las entidades federativas y los municipios: una gestión eficiente del gasto público federalizado que ejercen las entidades y municipios (dada su relevancia en las finanzas locales); el fortalecimiento de sus fuentes de ingresos propios, y, el manejo responsable y sostenible de su deuda.

ATISBOS

GOLPETEO.- Continúan registrándose los ataques en contra de la Comisión Reguladora de Energía.

La cabeza de la nota periodística es demoledora: CRE gasta 404 millones de pesos en rentas y muebles.

Paga casi 7 millones de pesos de renta mensual por su edificio inteligente. La información es cierta. Sin embargo, si se pone en contexto, puede observarse con mayor claridad.

Hay una gran cantidad de secretarías de Estado, dependencias y órganos autónomos que rentan sus instalaciones.

Entre éstos últimos la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y muchas más.

El inmueble de la CRE se rentó en los tiempos del anterior presidente del órgano.

Y todas las dependencias gubernamentales deben sujetarse a la normatividad de la Secretaría de Hacienda para rentar inmuebles. No se renta nada por decisión de una persona. ¡Así las cosas!