La crisis del Covid-19 ha puesto en aprietos a los gobiernos del mundo, que han tenido que tomar decisiones difíciles para balancear dos intereses públicos: la salud y el crecimiento económico. De hecho, la OCDE estimó que en México el efecto de las medidas de contención equivale a alrededor de 30% del PIB, mientras que en un grupo de 47 economías, el impacto promedio equivale a 25% del PIB. [1]

Entre otras, una poderosa herramienta que los gobiernos de México y otros países pueden aprovechar es la contratación pública estratégica. Para darnos una idea de su potencial, basta decir que la contratación pública representa en promedio 12% del PIB y 30% del gasto gubernamental en los países de la OCDE. [2]

Hay tres acciones de corto plazo relacionadas con la contratación pública que podrían tomarse. Primero, los gobiernos de los diferentes órdenes suelen tener deudas con sus proveedores. La OCDE, en sus estudios sobre contratación pública de instituciones federales y gobiernos estatales, ha encontrado que los pagos a proveedores son un problema recurrente. Pues bien, no hay mejor momento para pagar esas deudas y darle liquidez a la economía que ahora.

Segundo, los gobiernos pudieran realizar compras por adelantado de insumos que saben que requerirán a lo largo del año o realizar pagos por adelantado por servicios que ya han contratado. Los gobiernos pudieran revisar y actualizar sus programas anuales de adquisiciones para identificar aquellos bienes y servicios que requerirán en los próximos meses y adelantar esas compras, asegurando pagos rápidos y expeditos.

Tercero, es difícil imaginar cualquier plan de recuperación económica que no tenga un fuerte componente de infraestructura. En México, este impulso es particularmente relevante. Según el Inegi, el valor de la producción generado por las empresas constructoras mostró un descenso en términos reales de 0.6% durante enero de este año respecto al mes anterior y el personal ocupado disminuyó 3.6 por ciento. [3] Un programa emergente de infraestructura brindaría un estímulo más que necesario a la industria de la construcción. Además, la construcción de infraestructura haría a México más resiliente a futuras crisis y ayudaría a acercar los servicios públicos a la población.

Varios países miembros de la OCDE ya están aprovechando la contratación pública para brindar un estímulo a sus economías. Por ejemplo, la Guía sobre Contrataciones para Emergencias Covid-19 del gobierno de Nueva Zelanda hace un llamado a las instituciones gubernamentales a considerar que las pymes serán impactadas fuertemente por las medidas de contención y a asegurar el cumplimiento con el objetivo de realizar los pagos a proveedores en 10 días. [4]

De igual forma, la Oficina del Gabinete del Reino Unido ha emitido lineamientos para apoyar a los proveedores gubernamentales. Por ejemplo, la Nota sobre Política de Contrataciones 02/20 hace un llamado a las unidades contratantes a establecer los métodos de pago más adecuados para apoyar el flujo de efectivo de sus proveedores, incluyendo medidas como compras por adelantado, pagos por adelantado o en varias exhibiciones y a asegurar que las facturas se paguen inmediatamente después de su recepción para mantener las cadenas de suministro y proteger el empleo. [5]

Desde luego, la Oficina del Gabinete estableció también algunas condiciones, como que los proveedores beneficiados por estas medidas deben estar de acuerdo en operar sobre la base de libros abiertos (open books), por ejemplo, proporcionando evidencia de que sus empleados han recibido sus salarios completos y a tiempo.

Finalmente, para garantizar su efectividad, es indispensable asegurar la integridad en los procesos de contratación pública. El Informe de la OCDE sobre Cohecho Internacional encontró que 57% de los casos de este delito estaba relacionado con contratos públicos. [6] Además, la escasez y fuerte demanda de algunos productos y servicios, por ejemplo, equipo médico, y la urgencia necesaria en la reacción de los gobiernos crean un caldo de cultivo propicio para dejar la integridad en segundo plano. Muchos países están emitiendo lineamientos para facilitar las compras por adjudicación directa. Sin embargo, esa necesidad de simplificar los procesos no debe implicar la ausencia de controles y mecanismos de rendición de cuentas.

Los gobiernos deben incorporar medidas anticorrupción en sus intervenciones, idealmente desde el diseño mismo. Las instituciones anticorrupción deben mandar un mensaje contundente de que estarán realizando un escrutinio puntual de dichas intervenciones y hacer partícipe a la sociedad civil. Por último, es indispensable evitar la incidencia de corrupción en la prestación de servicios, particularmente, en los de salud, lo que será clave para asegurar el acceso y amortiguar el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables.

*El autor es especialista senior en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la OCDE.