Si todos los funcionarios y funcionarias públicas terminaran su mandato con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido, otro México tendríamos.

Estar dentro del servicio público debe estar acompañado con la obligación de servir, y eso en sí mismo es un privilegio, porque atender al prójimo es un placer. Para algunas personas tanto del sector público como privado, la vida tiene sentido en la medida que con gusto, honradez y humildad se sirva y trate bien a los demás. Una forma de servir también es respetando la Constitución y no generando en dónde no se debe y no hay razón alguna, aguas turbias. Hoy más que nunca, se requieren aguas transparentes y tranquilas que generen confianza y seguridad en las y los mexicanos. 

Sin embargo, esto que parece tan sencillo, no lo es tanto, o al menos no en todos los casos. De por medio está la compleja naturaleza humana, que si bien, en algunas personas, está preponderantemente rebozada de rectitud, ternura, bondad, comprensión y simpatía; en otras, por el contrario, está cargada más al lado de la desconfianza, del ánimo de causar daño, de la soberbia y, sobre todo, de las ambiciones por contar con reconocimiento, poder y dinero. En medio de estos dos extremos, se encuentran la mayoría de las personas que trabajan en los sectores privado y público, que están conscientes de la falibilidad humana, de los claroscuros que ésta tiene, que conocen de los errores humanos involuntarios, que buscan no repetirlos, pero que en general, se desempeñan adecuadamente.

El sexenio del presidente Peña Nieto, es el claro ejemplo que ya pasó a los libros de la historia de México, en el que prevaleció la ambición por el poder, el dinero, la insensibilidad por los más necesitados al gobernar y el reparto de los cargos públicos en todos los niveles, pero especialmente los altos cargos.

El reparto de los puestos de trabajo fue además de una carta blanca para seguir delinquiendo, un aro protector que garantizaba la impunidad, con lealtades mal entendidas. Llegar a un cargo público se convirtió, como regla general, en sinónimo de actuar lo más rápido posible para ensanchar las arcas personales sin ética alguna y sin pensar en las consecuencias a nivel personal y familiar de legarles a sus hijas e hijos un apellido cuestionado y de dudosa reputación, por decir lo menos.

Con su mal comportamiento, no pensaron en las próximas generaciones ni tampoco en que de las cosas más importantes que tiene una persona que debe cuidar, es su dignidad y nombre, tanto el de pila como el patronímico.

A veces es tan extraña la naturaleza humana y con tan poca autocrítica e introspección, que quienes obran mal, se comienzan a justificar e imputan a terceros el saldo tan negativo de las consecuencias de sus propios actos. El problema es que el daño causado no se queda a nivel personal, sino que cuando son servidores públicos/as trasciende a todo un país.

Hay un libro interesante, que se puede obtener de forma gratuita, publicado en-línea por “Mexicanos contra la corrupción e impunidad” intitulado “EPN. La corrupción como sello de gobierno. Un sexenio perdido para México” sobre los casos más visibles de corrupción durante el mandato del presidente Peña Nieto como fueron entre otros, la Estafa Maestra, el fraude de las tarjetas de Bansefi tras el sismo de 2017, la llamada “casa blanca”, la compra por parte de PEMEX a un sobrecosto de la empresa de fertilizantes Agro-Nitrogenados y, entre otros muchos, los sobornos de Odebrecht para la asignación de contratos públicos. Es un libro que da tristeza y pena ajena leerlo, habrá que ver si los involucrados tienen vergüenza por el daño que como mexicanos le causaron a sus connacionales y a su país, porque no solamente afectaron su propio nombre y apellido, sino a un país entero, que también es el suyo. Deterioraron la reputación e imagen internacional de México, pues no hay duda de que tuvo un efecto negativo y de desconfianza en la inversión extranjera, e incluso tuvo consecuencias en la forma en que se redactan los tratados comerciales con México, en los que se exigieron cláusulas contra la corrupción como fue el caso del acuerdo firmado con la Unión Europea o el diverso tratado comercial con Estados Unidos de América del Norte y Canadá, el T-MEC. Esto significa que sí hubo consecuencias que trascendieron y afectaron al país, a las y los mexicanos y, en particular a las y los niños, que son futuros ciudadanos porque a ellas y ellos se les enseña con el ejemplo, y esto va para bien o para mal.

Por lo que hace a la forma en la que se negociaron los cargos públicos, se dieron para comerciar con el silencio y garantizar la impunidad de algunas funcionarias y funcionarios públicos. Como ejemplo está lo sucedido en 2014 con la recién nombrada presidencia del INAI -Instituto Nacional de Acceso a la Información-, quien el 18 de marzo de 2018 envió su renuncia al Senado de la República para pasar a ser diputada plurinominal por el PRI, que es el partido del presidente Peña Nieto. Pero durante el tiempo en que ejerció su encargo, la Comisionada presidenta le quitó el núcleo esencial al derecho humano de acceso a la información pública contemplado en el artículo 6 de la Constitución General. Nuevamente, con ello afectó a todo el país por no haberle dado el alcance debido a dicho derecho humano y retrocederlo, para proteger a quienes conscientemente se desempeñaron en forma ilegal. En 2017, el INAI resolvió reservar por 5 años, información sobre los sobornos de Odebrecht y, justo antes de que la entonces presidenta se fuera como diputada federal, presentó un proyecto de resolución en el que se reservaba toda la información de la compra de Pemex en 2013, de Agro Nitrogenados y Fertinal. Al final no sirvió más que para desprestigiarse y para debilitar a las instituciones, porque la veracidad tarde o temprano, siempre prevalece. 

El otorgar cargos públicos para garantizar el silencio o la impunidad de actos ilegales dañaron mucho a los ciudadanos y a todo un país. Esto nunca más se debe repetir, porque la historia ya demostró que el país queda marcado, por eso el servicio público, no debe usarse para servirse, pero tampoco para pensar que solamente una persona es el o la adecuada para llevar a cabo alguna reforma instrumentada, por más noble y necesaria que éste sea. Las personas servidoras públicas al concluir su mandato deben tener en mente, que dieron lo mejor de sí mismas y que quienes lo sucedan serán mejores que ellas. Razonar en sentido contrario, es decir, que para instrumentar una reforma solamente lo puede hacer una persona, es pensar que no hay alguien mejor para tomar la estafeta. 

La reforma al Poder Judicial de la Federación era necesaria, en realidad no se requerían muchos consensos y fue relativamente sencillo lograr la reforma constitucional publicada el DOF de 11 de marzo de 2021, porque era un reclamo social transformar la institución de impartición de justicia, ya no daba para más y habían quedado sin un marco legal actualizado las reformas de amparo y derechos humanos de 2011. En un diverso artículo visibilizaré las reformas al PJF que son muy buenas. Sin embargo, todo quedó ensombrecido con un artículo transitorio de una Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este artículo fue un desgaste innecesario que no debía suceder aquí sí, haber logrado el consenso para que se aprobara este artículo, resulta preocupante. 

Se ha escrito mucho sobre el caso del articulo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) publicada en el DOF el 7 de junio pasado que contempla prorrogar dos años más la presidencia del ministro presidente de la SCJN y del CJF Arturo Saldívar Lelo de la Rea. El ministro presidente, se había mantenido muy firme en su postura como juez constitucional, porque inclusive en conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de la Corte, públicamente señaló que el presidente Calderón Hinojosa, que fue quien lo propuso como ministro, lo trató -pero no prosperó- de presionar en los casos de la Guardería ABC y Cassez.

El principio de supremacía constitucional, que todo funcionario público debe respetar, significa que no puede haber norma jurídica alguna de inferior jerarquía, que transgreda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es además así, porque las y los funcionarios públicos protestan guardar y hacer guardar la Constitución.

El asunto del artículo transitorio se pudo haber visto tan simple como esto por los y las legisladoras de la Cámara de Senadores y de Diputados: si el artículo 97 de la Constitución establece en su quinto párrafo que “[c]ada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.”, es decir, que el cargo de presidente de la corte tiene una duración máxima de 4 años. Entonces cualquier norma de inferior jerarquía que diga lo contrario es inconstitucional. Por lo tanto, el artículo décimo tercero de la LOPJF que establece que “ [c]on el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente Decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. …”, no debió aprobarse ni tampoco ser sujeto a materializarse. En lugar de esto, el artículo se publicó y ha generado de las más amargas discusiones en diversos foros jurídicos y frente a la sociedad, que lo único que está teniendo como resultado, es el debilitamiento innecesario del Poder Judicial Federal por no haberse aplicado la frase “esto no se puede”.

El artículo décimo tercero transitorio no podía aprobarse por más consensos -mal entendidos y mal trabajados- que se hayan logrado. Cada encargo concluye cuando deba terminar para que el funcionario o funcionaria pública salgan con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido. Ellas y ellos deben poder ver a los ojos a las niñas y niños y decirles “vendrán tus tiempos y tú serás mejor que yo”.

Contrario a esto, en el próximo articulo abordaré todo el desgaste y, dimes y diretes que se han dado y que pareciera que no tienen fin en torno al mandato extendido por dos años del presidente de la Corte y del CJF para llegar a 6 años en lugar de 4 que es lo que contempla la Constitución.