El juez Tercero de Instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, rechazó admitir a trámite la impugnación de la Infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, contra la apertura del juicio oral por el caso que implica a su esposo Iñaki Urdangarin.

De acuerdo con medios locales, la intención de la defensa de la Infanta es evitar ser llevada a juicio, como lo ordenó Castro en diciembre pasado, por ser considerada cooperante en dos delitos fiscales que favorecieron operaciones de las empresas de su esposo.

Con esta decisión de no admitir a trámite el recurso, ahora la defensa de la Infanta solo puede pedir una queja a la Audiencia Provincial de las Islas Baleares (en el Mediterráneo español) que anule la decisión de Castro de llevarla a juicio.

En diciembre pasado, el juez Castro determinó que la Infanta debía ser enjuiciada por su colaboración en las operaciones del llamado caso Nóos , en concreto con la defraudación fiscal a través de la empresa Aizoon en la que ella era copropietaria.

El pasado 2 de enero la defensa de la Infanta impugnó, pese a que en la misma resolución del pasado 22 de diciembre el juez Castro había advertido que no cabía impugnación, por lo que decidió no admitirla a trámite.

La defensa de la Infanta busca con estas impugnaciones que se le aplique la denominada doctrina Botín , que precisa que en caso de haber delitos que solo acusa un particular (el sindicato de ultra derecha Manos limpias) y no el Ministerio Público ni el afectado, la Agencia Tributaria, se evite llegar al juicio.

Castro incluyó a la infanta entre los 17 acusados a los que se someterá a juicio oral en el caso Nóos , en el que Urdangarin y ex su socio Diego Torres están acusados de apropiarse de recursos públicos de los gobiernos autonómicos de Islas Baleares y Comunidad Valencia, al este del país.

El esposo de la Infanta Cristina encabezaba el Instituto Nóos, dedicado a la organización de actividades deportivas, algunas de las que realizaban con ambos gobiernos y a través de la cual se transferían fondos públicos.

Los delitos por los que se les acusan son malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, prevaricación y fraude fiscal.

erp