Ginebra.- Un grupo de expertos de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y desapariciones forzadas expresaron hoy preocupación por el efecto del juicio en la independencia del juez Baltasar Garzón en España.

Expresaron además su inquietud porque no se pueda llevar a cabo el proceso para investigar y tratar más de 100,000 casos de desapariciones forzadas que habrían ocurrido durante la guerra civil española y el régimen de Francisco Franco (1939-75).

Es lamentable que el juez Garzón pudiese ser castigado por haber abierto una investigación en línea con las obligaciones de España de investigar violaciones de derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional", dijo la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul.

También coincidieron con Knaul los cinco expertos independientes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

De acuerdo con la información recibida por la ONU, Garzón está siendo juzgado en España en el caso denominado "Memoria histórica" por haber excedido su competencia al haber admitido a trámite e investigado quejas sobre crímenes contra la humanidad relativas a desapariciones forzadas que habrían ocurrido entre 1936 y 1951.

La fase oral del juicio contra Garzón comenzó el 24 de enero y, una semana más tarde, el Tribunal Supremo rechazó la solicitud del fiscal de sobreseimiento de la causa abierta contra el juez español.

"La defensa del estado de derecho requiere un compromiso incondicional con la justicia y los derechos humanos. En el pleno respeto de la independencia y autonomía de la judicatura, los supuestos errores en decisiones judiciales no deben ser motivo para la remoción de un juez y, menos aún, para el inicio de un proceso penal", observó la Relatora Especial.

"La autonomía en la interpretación de la ley es un elemento fundamental en el rol del juez y para el avance de los derechos humanos", subrayó.

"Ningún juez debe tener temor a ser independiente en sus funciones," señaló la Relatora Especial en un comunicado.

"Si bien los jueces tienen que rendir cuentas del desempeño de sus funciones, todas las medidas que se tomen al respecto tienen que ajustarse a las normas y salvaguardias necesarias, incluyendo los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura".

El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias enfatizó que "la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos mientras no se hayan esclarecido la suerte y el paradero de las víctimas".

En mayo de 2010, los expertos independientes expresaron su preocupación por la suspensión de Garzón.

"Debería de poderse hacer una investigación mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada", dijeron los expertos de derechos humanos.

La reconciliación entre el Estado y las víctimas de desapariciones forzadas no puede suceder sin el esclarecimiento de cada caso individual, y una ley de amnistía no debe permitir el término de la obligación del Estado de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de las desapariciones", subrayó.

"El derecho a la verdad debe ser gozado por los familiares de las víctimas de desaparición forzada en España", subrayó el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.

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