Enfurecido por la posición del PT, que votó en su contra en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, el presidente del Congreso, Eduardo Cunha (PMDB, por Río de Janeiro), informó este miércoles que aceptó la solicitud de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff hecho por los juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior y Janaína Paschoal con el apoyo de los partidos de la oposición. Ahora, el Congreso formará una comisión con representantes de todos los partidos para estudiar si la presidenta violó las leyes fiscales de Brasil y manipuló las finanzas públicas para lograr la reelección el año pasado.

Cunha, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) aliado al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, dijo en una conferencia de prensa la tarde de este miércoles que firmó la petición, basada en la tesis de que Rousseff cometió el delito de responsabilidad fiscal en el actual mandato de modificar los decretos de línea de crédito sin autorización del Congreso, por un total de 2,500 millones de reales (unos 640 millones de dólares). Según Cunha, otras cuatro solicitudes de impeachment contra Rousseff fueron rechazadas este miércoles por inconsistencias formales.

El propio Cunha lucha por su supervivencia política ante llamados a su remoción y múltiples investigaciones por supuestamente recibir sobornos. Por la mañana, los diputados del PT hicieron público que votarían a favor de abrir una investigación contra Cunha en el Congreso por haber ocultado millonarias cuentas en Suiza. Ese proceso tiene potencial de terminar con el mandato del actual jefe de la Cámara baja.

Pero su poder para iniciar los procedimientos para un juicio político le dan una ventaja frente a Rousseff y a la coalición gobernante, que se está desintegrando bajo el peso de la peor recesión económica en 25 años y un enorme escándalo de corrupción.

Poco después del anuncio de Cunha, diputados del PT y del PCdoB informaron que recurrirán al Supremo Tribunal Federal para impedir el proceso de juicio político. La propia Rousseff, después de conocer la decisiónd e Cunha, aseguró en un breve discurso a la nación que está convencida de la improcedencia del pedido de juicio político en su contra.

Tengo la convicción y la absoluta tranquilidad en cuanto a la total improcedencia de ese pedido , dijo y se declaró indignada .

Con la decisión de Cunha, cuya posición en el Congreso le da el poder de decidir o no se iniciaba un juicio político contra el presidente, los esfuerzos de la oposición por destituir a Rousseff entran en un periodo crucial. La oposición presentó el pedido en septiembre pasado.

Una comisión especial con miembros de todos los partidos decidirá los méritos del pedido, que posteriormente necesitará los dos tercios de los votos de la Cámara (342), para suspender a la presidenta mientras se lleva adelante un juicio de 90 días en el Senado. En caso de ser destituida, Rousseff dejará el cargo al vicepresidente, Michel Temer (PMDB), hasta las próximas elecciones presidenciales del 2018.

La base de este [procedimiento para un juicio político] es puramente técnica , comentó Cunha, quien desestimó la idea de que su decisión este motivada por asuntos personales o políticos. Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial que podrá acoger o rechazar , dijo.

Decenas de políticos, incluyendo a Cunha, han sido vinculados a una trama de manipulación de precios y sobornos descubierto en la petrolera Petrobras. Cunha ha negado las acusaciones en su contra.

Próximos pasos

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, aceptó una moción de la oposición para abrir los procedimientos para un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Éstos son los pasos para que se produzca un juicio político contra un presidente bajo la Constitución de Brasil:

  1. Cualquier ciudadano puede presentar un pedido de juicio político al Congreso.
  2. El presidente de la Cámara de Diputados, la Cámara baja, decide si acepta el pedido. Una comisión especial conformada por miembros de todos los partidos estudia la presentación, que necesita los dos tercios de los votos del cuerpo (342) para que el Senado inicie un juicio político.
  3. El presidente es suspendido de cara al juicio en el Senado, y el vicepresidente toma su puesto. El Senado tiene 180 días para desarrollar el proceso, liderado por el presidente de la Suprema Corte.
  4. El Senado necesita las dos terceras partes de sus votos (54) para la destitución del mandatario.
  5. Si el presidente es destituido no puede volver a presentarse en las elecciones para la primera magistratura por ocho años. El vicepresidente es confirmado como mandatario por lo que resta del periodo.
  6. Si el vicepresidente también llega a ser destituido, el líder de la Cámara baja se convierte en mandatario hasta que se produzcan nuevas elecciones. Si el proceso se da tras la mitad del mandato, el Congreso elige quién será el nuevo mandatario.

Un soplo de esperanza

El Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff logró este miércoles la aprobación del Congreso para cambiar su objetivo de ahorro fiscal y tener un fuerte déficit este año, un voto crucial que le permitiría pagar sus cuentas en diciembre.

Una severa recesión ha reducido los ingresos públicos y hundió a Brasil en una crisis fiscal que sacudió la confianza de los inversores en la que fuera no hace mucho una economía en auge. Además, alimentó disputas políticas sobre medidas para ajustarse el cinturón.

La aprobación del Congreso para cambiar la meta, desde un superávit primario de un 1.1 por ciento originalmente planeado a un déficit de hasta un 2 por ciento del Producto Interno Bruto, le permitirá a Rousseff evitar un cierre de las operaciones del Gobierno al descongelar miles de millones de reales en gastos.

El Gobierno advirtió al Congreso que no sería capaz de pagar las cuentas de sus ministerios en Brasilia hasta que el proyecto fuera aprobado.

Los legisladores acordaron aliviar la meta de déficit fiscal primario consolidado a una cifra negativa de hasta 117,000 millones de reales en caso de que el Gobierno decida pagar enormes deudas con bancos estatales.

El saldo fiscal primario, o los ahorros antes del pago de la deuda, es una importante medida de la capacidad de un país para pagar sus deudas. (Con información de Reuters y AFP)