Sao Paulo. Este jueves crecía en todo el país la indignación por la amnistía que otorgó el Congreso de Brasil a los deforestadores de la Amazonia, mientras la presidenta Dilma Rousseff reiteró que vetará su entrada en vigor.

El martes por la noche, la Cámara Baja del Congreso aprobó, por aplastante mayoría, una reforma el Código Forestal brasileño que establece una amnistía general para todos aquellos que incurrieron en delitos contra la selva amazónica hasta el 2008.

La Presidenta, que durante su campaña electoral prometió que su gobierno no aceptaría ninguna amnistía en favor de los depredadores de la selva, calificó la medida como una vergüenza para Brasil .

Los dueños de pequeñas granjas y ranchos defienden la medida que, dicen, les permite producir a máxima capacidad, contribuyendo así a elevar las cosechas básicas del país. Aunque la aprobación en la Cámara Baja fue de 410-63, se anticipa que la medida se topará con una férrea oposición en el Senado.

La medida aprobada incluye la ampliación de las áreas de uso agropecuario susceptibles de tala y, en general, una flexibilización de las normas de protección al medio ambiente.

Aunque quedarían exentos de las penalidades que ya se habían aplicado, los propietarios de grandes extensiones tendrían que reforestar las tierras que habían talado más allá de los límites legales o en su defecto adquirir tierras forestales en otras regiones, para compensar por lo que habían talado.

Según la creciente oleada de críticas al Congreso, una vez más queda claro quién manda en Brasil cuando los intereses de los latifundistas están en juego. Brasil despierta con la noticia de que la mayoría de nuestros diputados aprueba el asesinato de nuestros bosques , dijo Paulo Adario, director de la campaña Amazonas de Greenpeace.