Caracas. Denuncias de corrupción contra aliados del líder opositor Juan Guaidó desataron una crisis, justo cuando su estrategia para expulsar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luce debilitada.

Una investigación periodística publicada este domingo por el sitio web Armando.Info señaló a nueve diputados opositores —cinco de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del Parlamento— por gestiones a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, vinculado con un programa de Maduro para distribuir alimentos subsidiados.

“La corrupción no puede ser tolerada”, reaccionó Guaidó en rueda de prensa, anunciando una investigación parlamentaria por sospechas de sobornos.

Lizcano es identificado por el portal como subalterno de otros dos empresarios colombianos, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados el pasado 25 de julio por Estados Unidos, tras acusaciones de sobreprecios en importaciones de comida para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Saab y Pulido enfrentan acusaciones de la justicia estadounidense por lavado de dinero proveniente del plan de Maduro, que la oposición considera una estrategia de control social.

Guaidó, jefe del Legislativo reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, informó que los nueve congresistas se “desprenden de toda función” mientras son investigados. “Todo documento” que haya expedido la Comisión de Finanzas es declarado inválido, agregó.

No es el único caso que salpica su entorno.

El pasado viernes, después de que Guaidó lo destituyera como su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti acusó a representantes del opositor de manejo indebido de recursos destinados a atender a 148 militares que desertaron en febrero en apoyo al llamado gobierno interino y que huyeron al país vecino.

“Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, de licor, de cosas indebidas”, relató Calderón Berti a la prensa.

Guaidó, “atacable”

Los escándalos estallan cuando Guaidó intenta reactivar las mermadas protestas contra Maduro, con convocatorias que han tenido pobre respuesta.

La aceptación del opositor, quien al autojuramentarse presidente frente a una multitud el pasado 23 de enero prometió deponer a Maduro este año, ha venido diluyéndose. Su popularidad, que llegó a 63%, cayó a 42% en octubre, según la firma Datanálisis.

Si no es capaz de manejar correctamente las denuncias de corrupción contra su entorno, su imagen podría seguir erosionándose. “Aún es temprano para evaluar el impacto (...) pero, en la medida en que Guaidó se debilite ante la opinión pública, es más atacable” por adversarios internos, dijo Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.

El próximo 5 de enero finalizará su período al frente del Parlamento, desde el cual reclamó la Presidencia encargada después que la Cámara alegara que Maduro fue reelegido fraudulentamente en el 2018.

Ésta es la segunda ocasión en que gente de su entorno se encuentra en casos de corrupción.