Hong Kong. Después de varios meses de enfrentamientos y caos, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el retiro del proyecto de ley de extradición promovido por el gobierno de Xi Jinping que desencadenó la peor crisis política del territorio desde que Reino Unido lo entregó a China.

La respuesta de los manifestantes ante tal decisión fue rápida: demasiado tarde y no cubre todas sus peticiones.

Lo anterior sugiere pocas esperanzas de un avance para aliviar las confrontaciones cada vez más violentas que se desarrollan en las calles de Hong Kong.

La razón es que las motivaciones de las protestas han rebasado la ley de extradiciones hacia China continental.

La disidencia se ha ido nutriendo de diversas capas sociales hasta convertirse en una amplia base conformada por comerciantes, funcionarios y estudiantes, entre otros, por temor a que las libertades de Hong Kong y su estatus especial dentro de China, corran peligro.

Representantes del gabinete de Lam dicen que sus manos están atadas, por lo que no va a poder hacer mucho más.

La presión social aumentará con miras al 1 de octubre, día en que se conmemora el 70 aniversario de la fundación de la República Popular de China.

Los manifestantes amenazan con provocar grandes movilizaciones para ese día, hechos que significarán una afrenta para el gobierno chino.

“Todos deberíamos pensar de manera profunda si la escalada de violencia y de disturbios es la respuesta adecuada”, dijo Lam en un discurso.

Desde la primavera, las manifestaciones se han convertido en una especie de insurrección en contra de China por trastocar la autonomía de Hong Kong. Los manifestantes temen que Beijing planee revertir aún más la apertura política y social de Hong Kong bajo el acuerdo de “un país, dos sistemas” que inició en 1997, año en que Reino Unido devolvió el territorio a China.

Cinco peticiones

Además de echar abajo la ley de extradición, los manifestantes piden el derecho de elegir a sus líderes (auténtico sufragio universal); la aplicación de una ley de amnistía que permita excarcelar a todos los manifestantes arrestados; una investigación independiente sobre la actuación policial, y que el gobierno deje de usar la palabra “disturbios” para referirse a las protestas.