Phoenix. Dos hombres se declararon culpables de adquirir armas que serían contrabandeadas a México, en lo que representa la primera vez que reconocen su responsabilidad personas que fueron seguidas por la fallida Operación Rápido y Furioso del gobierno federal.

Tanto Jacob Wayne Chambers como Jacob Anthony Montelongo se declararon culpables el lunes ante una corte federal de un cargo de asociación ilícita. Montelongo también se declaró culpable de distribuir armas sin licencia.

Ambos reconocieron formar parte de un grupo de contrabandistas de 20 integrantes acusado de introducir armas a México para uso del cártel narcotraficante de Sinaloa.

Los individuos eran llamados "compradores fantasma" que reconocieron adquirir armas que sabían terminarían en México.

La meta de la investigación del gobierno federal era capturar a los capos del tráfico de armas, pero los agentes especializados en armamento perdieron el rastro de muchas de ellas que intentaban seguir hasta los jefes de los grupos de contrabando, y algunas fueron halladas después en escenas de delitos en México y Estados Unidos.

Dos fusiles adquiridos por el grupo fueron hallados en el sitio donde se produjo una balacera en diciembre de 2010 cerca de la frontera entre México y Arizona, y en la que resultó herido de muerte Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza. Las armas no fueron adquiridas por Chambers ni por Montelongo sino por otro presunto miembro de la banda.

Varios agentes de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos han dicho que sus superiores les ordenaron permitir que presuntos compradores fantasma se alejaran de las tiendas de armas del área de Phoenix con fusiles de asalto AK-47 y otro armamento, que se cree iban dirigidos a los cárteles mexicanos de las drogas, en lugar de arrestar a los compradores e incautarles las armas allí mismo.

La agencia federal perdió el rastro de unas 1,400 de las más de 2,000 armas cuyas adquisiciones generaron sospechas entre los investigadores de Rápido y Furioso.

Chambers y Montelongo reconocieron haber comprado el armamento bajo la afirmación falsa de que era para su uso personal, cuando en realidad lo estaban adquiriendo para los organizadores del grupo y sabían que iba a ser contrabandeado a México.

Chambers compró 79 armas de tres distribuidores autorizados en Arizona de septiembre de 2009 a diciembre de 2009 y recibió a cambio 50 dólares por cada AK-47 y 100 dólares por un fusil calibre .50 milímetros.

Montelongo adquirió 109 armas de ocho distribuidores en Arizona, de enero de 2010 a julio 2010. Le pagaron 50 dólares por las pistolas, 100 por los fusiles y 150 por cada uno de seis fusiles calibre .50 mm que compró.

Cada uno enfrenta hasta cinco años de cárcel y una multa máxima de 250,000 dólares. Su sentencia está fijada para el 21 de mayo.

El juicio para el resto de los presuntos integrantes del grupo ha sido fijado para el 25 de septiembre. Se han declarado inocentes de los cargos en su contra.