Washington. La batalla en torno a la inmigración ilegal llega a la Corte Suprema el lunes, en que ese cuerpo comenzará a analizar una disputa que puede afectar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia.

La Corte analizará los programas del gobierno de Barack Obama que podrían dejar en suspenso la deportación de unos 4 millones de personas y darles derecho a trabajar.

Los programas anunciados por Obama en noviembre del 2014 cobijarían a personas con hijos estadounidenses o que viven en el país legalmente. Más de 700,000 personas se ampararon para esta medida.

El nuevo programa para los padres de jóvenes estadounidenses y el programa ampliado para menores que llegaron al país de niños, podría cobijar a hasta 4 millones de personas, según el Instituto de Políticas Migratorias, un organismo independiente.

Texas y otros 25 estados acudieron a los tribunales para bloquear esas iniciativas, poco después de que fuesen anunciadas y algunas cortes fallaron a su favor. Los programas nunca entraron en vigor.

Los estados y los legisladores republicanos afirman que Obama no tiene autoridad para modificar las leyes de inmigración. Al anunciar la segunda tanda de medidas hace 17 meses, Obama dijo que actuaba por su cuenta, porque el Congreso no hacía nada por reformar un sistema migratorio que no funciona.

El Senado aprobó una reforma, pero la iniciativa fue bloqueada por los republicanos de la Cámara de Representantes. Básicamente, consideramos que el presidente no tiene autoridad para tomar estas medidas ejecutivas , expresó el procurador general de Texas, Ken Paxton.

Representantes republicanos dicen que Obama se atribuye el derecho a disponer que millones de individuos puedan vivir, trabajar y recibir beneficios en este país, a pesar de que los estatutos federales claramente les prohíben hacerlo .

El gobierno y los defensores de los inmigrantes ilegales dicen que las órdenes ejecutivas sobre inmigración no son algo sin precedentes y ni siquiera algo inusual. Afirman que los programas de Obama son una continuación de esfuerzos previos de gobiernos tanto demócratas como republicanos, que emplearon la discreción ejecutiva para decidir quiénes deben ser deportados.

Los programas, por otro lado, pueden ser revocados por el próximo presidente. Y los aspirantes republicanos a la presidencia han dicho que los dejarán sin efecto si ganan las elecciones de noviembre. Esto podría hacer que la gente que se cobijó en esos programas quede más expuesta a ser deportada si triunfan los republicanos.

Por ello muchos inmigrantes sin permiso de residencia han preferido esperar el resultado de las elecciones antes de buscar ese amparo.

La Corte Suprema podría no tener que analizar el tema de la autoridad ejecutiva si los jueces deciden que Texas y los demás estados no tienen derecho a cuestionar esa atribución en ese tribunal. Semejante salida evitaría a la corte abordar el tema de la inmigración ilegal en momentos en que es previsible un empate 4-4 tras la muerte del juez Antonin Scalia, en febrero.