Reformas Estructurales y Calidad Regulatoria

La conclusión del sexenio presidencial en turno plantea la pregunta de cuál será el porvenir de las reformas que en este periodo fueron implementadas. Se ha anunciado ya que la reforma educativa será objeto de una importante revisión, lo propio se ha dicho respecto de los contratos petroleros que han sido suscritos bajo el nuevo modelo de organización industrial que rige para ese sector y que fue resultado de una reforma constitucional.

En el escenario descrito, quizá lo más simple o popular haya sido anunciar un “cambio de ruta”; sin embargo, es precisamente en espacios de transición como el que atraviesa nuestro país que las palabras Estado de Derecho, estabilidad institucional y calidad regulatoria ofrecen una reflexión distinta.

Lo anterior es así porque cuando de reformas estructurales se trata, particularmente al estar involucrados sectores como el energético, intensivos en capital e importantes actores en el desarrollo económico y social de un país, los resultados no pueden evidenciarse de la noche a la mañana, por lo que antes del anuncio de un viraje de política pública se exigiría la evaluación objetiva de los primeros resultados de las reformas; así, habría que analizar niveles de inversión, creación de empleos, disminución de tarifas y precios, capacidad efectiva para recanalizar el gasto público y, en estrecha relación con lo anterior, el efecto en el bienestar social.

Proceder sin un diagnóstico a partir del cual se aprovechen y profundicen los resultados positivos que hayan podido generarse, o bien se corrija el rumbo de aquello que no haya dado resultados positivos, colocaría nuevamente a la ciudadanía a merced de un discurso que tiene como único fundamento la esperanza sexenal.

En esta línea de análisis, por ejemplo, una primera revisión del modelo institucional y regulatorio del sector energético, a casi cinco años de su implementación, deja ver una importante sobrerregulación y pone al descubierto la falta de alineación regulatoria entre las autoridades del sector. Pensemos en la industria de los hidrocarburos, donde existen al menos 83 textos normativos y 318 trámites (*) que son gestionados por numerosos órganos de gobierno, en una cancha compartida en la que son escasas y débiles las instancias de coordinación institucional y no siempre existe un piso parejo para los participantes de la industria. Se trata de elementos que juegan en contra de la efectiva generación de mercados competidos y que exigen a las autoridades del sector la revisión integral de su política regulatoria.

Esto es así porque el reto de transitar eficazmente a mercados competidos no sólo depende de incorporar nuevos modelos de organización industrial, sino que también exige instituciones y sistemas regulatorios que operen de manera eficaz y eficiente, en un entorno de transparencia y seguridad jurídica.

Recomendaciones

En el sector energético participan numerosas autoridades con funciones convergentes, ya sea en su carácter de órganos reguladores (CNH, CRE, ASEA, Cofece, Cenagas) o como secretarías de Estado (Energía, Economía, Hacienda y Medio Ambiente). Por lo anterior, es necesario:

1. Generar mecanismos efectivos de colaboración institucional a fin de propiciar una visión regulatoria compartida, federal y local.
2. Evitar que la constante emisión de normas administrativas generales produzca la sobrerregulación y, con ella, los problemas típicos de “doble ventanilla” y riesgo regulatorio.
3. Implementar acciones permanentes de mejora regulatoria a fin de procurar no sólo la seguridad jurídica de los participantes en el sector, sino un balance positivo entre los costos y beneficios de la regulación.

* Véase Orellana Moyao A. GPS de Energía. Sector Hidrocarburos en México. Ed. Tirant Lo Blanch. México 2018.

cortescampos.j@itesm.mx