Jefes delegacionales, diputados locales y constituyentes coincidieron en la importancia de dotar a las próximas alcaldías de autonomía presupuestal y otorgarles por lo menos 25% del presupuesto total del gobierno capitalino.

Luego de la primera reunión de trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para la organización, funcionamiento y competencias de las alcaldías, el presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política de la Ciudad de México de la ALDF, José Encarnación Alfaro Cázares, destacó que la Constitución deberá establecer principios generales que garanticen no sólo un porcentaje, sino que los recursos que se destinen a las alcaldías sean mayores.

Expresó que la reforma al Artículo 22 constitucional otorga autonomía presupuestal a las alcaldías que habrán de sustituir a las 16 delegaciones.

Los alcaldes podrán manejar su presupuesto y tener mayor efectividad en la respuesta a las demandas ciudadanas. No se trata de cambiar sólo de jefes delegacionales a alcaldes, y dejar las mismas limitaciones ante un gobierno muy centralizado , puntualizó.

Dijo que la Constitución local deberá precisar los alcances y facultades de las alcaldías, por lo que se trata de crear auténticos gobiernos de proximidad directos .

Precisó que no se debe confundir la autonomía presupuestal con la hacienda unitaria, donde el gobierno central seguirá siendo la máxima instancia para la recaudación de los impuestos locales como el predial.

Proyecto de Constitución, mismo modelo de gobernabilidad actual

Durante la reunión de trabajo, los jefes delegacionales calificaron el proyecto de Constitución del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, como centralista, pues argumentaron que se establece el mismo modelo de gobernabilidad actual.

La delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, enfatizó que no se puede legislar sin que se reconozcan las crisis estructurales que enfrenta la ciudad, como el tema del desabasto de agua, y agregó que dar mayores atribuciones a las alcaldías ayudaría a resolver la problemática .

En su oportunidad, la delegada de Álvaro Obregón, María Antonieta Hidalgo Torres, reconoció que las facultades administrativas de las delegaciones son limitadas, por lo que invitó a revisar a detalle la situación.

En la misma línea, Pablo Moctezuma Barragán, delegado de Azcapotzalco, pidió elaborar un nuevo modelo de gobierno y evitar restricciones a las alcaldías, toda vez que en los artículos 44 y 122 de la propuesta de Constitución existe una limitación para esta nueva forma de gobierno.

El proyecto de Constitución es totalmente centralista en materia de finanzas, policía, gestión del agua y dificulta el acceso a los servicios públicos , expuso.

El delegado de Iztacalco, Carlos Estrada Meraz, planteó la posibilidad de generar un esquema de coordinación metropolitana a fin de mejorar el que existe a nivel federal, con la intención de que las alcaldías que colinden con otros estados generen una ruta de trabajo que garantice el bienestar ciudadano.

Israel Moreno Rivera, delegado de Venustiano Carranza, destacó la importancia de trabajar en materia de prevención del delito y la educación, por lo que urgió etiquetar un presupuesto fijo en materia de seguridad pública.

No tenemos ninguna facultad y el presupuesto sólo nos alcanza para contratar 120 policías , refirió.

A la reunión de trabajo asistieron las diputadas constituyentes, Clara Brugada, de Morena, y Aída Arregui Guerrero, del Partido Encuentro Social, quienes destacaron la importancia del trabajo legislativo y escucharon los comentarios y propuestas de los legisladores y delegados a fin de enriquecer los trabajos en la Asamblea Constituyente.

No se puede tratar a los delegados como subordinados del gobierno. Se propone que los alcaldes puedan nombrar al jefe de seguridad pública de la demarcación , indicó Clara Brugada.

CCE se opone a la privatización del espacio público

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió la revisión del proyecto de constitución de la Ciudad de México, en el cual resultan inaceptables los derechos y prerrogativas otorgados al comercio ambulante, además de que se legitime una actividad que resulta ilegal, privatizando así constitucionalmente el espacio público .

Juan Pablo Castañón, presidente del organismo privado, sentenció que no podemos legalizar y dar carta de pleno derecho a lo que es irregular por naturaleza. Más aún, ante el desafío de que cerca de 75% de la incautación nacional de piratería se realiza en la Ciudad de México .

El líder empresarial también criticó que en el proyecto no hay un mecanismo que postule una transición hacia la formalidad de esta actividad, pero además se crea un incentivo perverso para la perpetuación de la informalidad, que condena a la ciudad a recursos disminuidos, y a los mismos trabajadores a ver limitado su crecimiento y bienestar futuro .

En cambio, Castañón demandó a las autoridades generar un entorno económico propicio para que crezca de manera sostenible la economía formal, y que la gente no tenga que recurrir a opciones como el ambulantaje.

A través de su mensaje semanal, el presidente del organismo privado, explicó que en el marco de los plazos establecidos para presentar observaciones al texto propuesto, se presentó en conjunto con los organismos empresariales agrupados en el G-9 de la Ciudad de México y la Barra mexicana de Abogados, un documento con propuestas y principios que deben explicitarse en la Constitución de la Ciudad de México.

El CCE tiene énfasis en la vertiente económica, a fin de contribuir a alentar el crecimiento, la inversión así como un entorno favorable para la apertura y operación de empresas, negocios y la generación de empleos.

Sin embargo, manifestó que su principal interés es que se dé toda la atención necesaria a asegurar la certeza jurídica y a un adecuado balance de la Constitución en cuanto a derechos, obligaciones y facultades y capacidades para que puedan ejercerse en los hechos, sin contradicciones .

Juan Pablo Castañón refirió que falta precisar el reconocimiento a la libre iniciativa de las personas y las empresas como motor fundamental del crecimiento económico que, a fin de cuentas, garantizará mejores condiciones de bienestar para los ciudadanos.

Es conveniente que en la Constitución se señale expresamente que el ejercicio de los derechos individuales o colectivos no puede ni debe atacar los derechos de terceros, significar la comisión de algún ilícito o perturbar el orden público, so pena de sancionarse por la ley de la materia correspondiente, ya que el Estado no debe permitir la impunidad , destacó. (Con información de Lilia González)

ilse.becerril@eleconomista.mx