Cancún, QR. El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) admitió el juicio electoral que impugna la consulta popular solicitada por el gobierno del estado sobre el tema de las plataformas digitales de transporte, como Uber.

Luis Miss González, vocero del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, dijo que el acuerdo está publicado en estrados, donde de manera textual el Teqroo informa que admitió el “juicio electoral derivado de consultas promovido por miembros del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo” y en consecuencia, declara abierta la instrucción, a efecto de llevar a cabo la sustanciación de dicho medio de impugnación con relación a la consulta popular solicitada por el gobierno del estado sobre el tema de las plataformas digitales.

Isaías Hernández Trujillo (expediente (JEC/002/201/) y Carmen de Jesús Díaz Sánchez (expediente JEC/003/2018) son los socios del Sindicato de Taxistas que interpusieron el recurso.

La propuesta de la consulta proviene del gobernador Carlos Joaquín González, quien fijó como fecha para su realización el 1 de julio de este año, es decir, el mismo día de las elecciones. En este ejercicio se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo con que se autorice el transporte de servicio público de automóviles de alquiler, a través de plataformas digitales.

Diversas voces han propuesto que la consulta se posponga y se extienda a todo el estado, pues la propuesta del gobernador es sólo realizarlo en el municipio de Benito Juárez (Cancún), aun cuando los resultados de la misma, es decir la regulación de las plataformas digitales, tendrá repercusión en todo el estado.

“Se queda para el análisis, si más allá de la oportunidad de las elecciones, qué tanto va a medir la consulta, porque la ley no regula esta parte (...) sin embargo, celebramos el hecho de que sea a través de la participación ciudadana como se defina este asunto”, comentó Adrián López Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cancún.

Por su parte, el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, también cuestionó por qué la decisión no se tomó desde un principio desde el ámbito de las facultades del gobernador.

“Qué bueno que se dé, pero hubiera sido mejor que se hubieran ejercido las atribuciones que tiene el Ejecutivo estatal de tomar una decisión sobre este tema, porque finalmente lo que hace es postergar el conflicto”, señaló.

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