Con un diagnóstico sobre las afectaciones a las contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 21,000 millones de pesos por el uso ilegal del outsourcing y con un llamado de atención a los legisladores para no caer en la trampa sobre la “lógica de los mínimos” al regular la subcontratación, arrancó el Parlamento Abierto sobre esta materia en el Senado de la República.

Ésta es la segunda ocasión que se realiza el Parlamento Abierto para tratar temas laborales en donde se puso de manifiesto que el gobierno federal, de manera coordinada, mantendrá las inspecciones para eliminar el uso de la subcontratación ilegal.

Durante la inauguración del parlamento, la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, afirmó que “hay muchos que dicen que se valga subcontratar siempre y cuando se cumpla con los derechos de los trabajadores y que, si el subcontratista no cumple, lo haga la otra parte, eso, les digo, es una trampa, porque cae en la lógica de los mínimos, que se cumpla sólo el salario mínimo, con seis días de vacaciones, con 15 días de aguinaldo, es decir, que cumpla con los mínimos de ley”. Agregó que hay empresas en la actualidad que ni eso cumplen, “pero esto es una trampa porque no toma en cuenta otros derechos como los colectivos, como el pago del reparto de utilidades, estabilidad en el empleo, de la antigüedad; por ello, pidió a los senadores no caer en la trampa de que cualquier cosa se puede subcontratar”.

Criticó que el outsourcing agresivo que afecta a trabajadores en sus derechos como seguridad social, estabilidad, reparto de utilidades o antigüedad creció sin control en años anteriores, debido a la complicidad entre autoridades y empresas. Esa situación ya se terminó, sentenció.

Destacó, además, que las autoridades en su momento no realizaron ninguna inspección en esta materia y tampoco se realizó un trabajo coordinado con otras instituciones que también se ven afectadas por la subcontratación abusiva.

Por ello, Alcalde Luján reiteró el compromiso de seguir realizando inspecciones en materia de outsourcing y trabajar en conjunto con el IMSS, la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para frenar estas actividades.

En su turno, el director del IMSS, Zoé Robledo, señaló que debido a la subcontratación ilegal hay una evasión que supera 21,000 millones de pesos anuales, lo cual ha afectado en tres dimensiones: trabajadores, empresas e instituciones del gobierno federal, en particular al propio instituto.

“Ese monto significa para el Seguro Social lo equivalente a construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 unidades médicas de primer nivel de atención”.

Recordó que, en diciembre del 2019, el Seguro Social detectó 14,553 empresas que dieron de baja a todo su personal, que van de 101 hasta 500 empleados o más. Esa decisión afectó a alrededor de 64,000 trabajadores y sus familias.

Sobre los cambios que se requieren, dijo que más que el asunto del dictamen (reforma a la LFT), “yo creo que un tema es separar cuál es el outsourcing bueno del malo y, en el caso del Seguro Social, para nosotros lo más importante es que muchas distorsiones, que se le fueron incorporando a la Ley del Seguro que hacían complicada la aplicación de ciertos actos de autoridad, se fortalezcan”.

Carlos Romero Aranda, procurador fiscal, afirmó que las empresas que utilicen la subcontratación de manera ilegal, como un medio para la contratación de trabajadores, podrían enfrentar el congelamiento de sus cuentas. Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, reconoció que la figura de outsourcing es necesaria para algunas empresas en el desarrollo de actividades y funciones que en muchas ocasiones no pueden efectuar por sí solas. Sin embargo, dijo que hay empresas que han abusado de esta figura y la han degradado.

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