La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones que van desde la destitución hasta la inhabilitación de seis meses a 15 años, así como multas económica por 49 millones 800,000 pesos a siete servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) Refinación, hoy Pemex Logística.

El órgano sancionador indicó que luego de una visita de inspección del Órgano Interno de Control (OIC) a dicha área de Pemex, se detectaron diversas irregularidades, cometidas el año pasado, por lo que en diciembre se emitió la resolución para proceder a los castigos correspondientes en contra de los siete trabajadores. Los actos ilegales consistieron en autorizar y realizar pagos indebidos a una empresa, por una obra que no fue ejecutada, así como por la compra de equipo que no fue entregado. Ambas acciones significaron un monto por 35 millones 168,419.14 pesos. De acuerdo con las indagatorias del OIC de Pemex, se descubrió que eran siete los servidores públicos que estaban involucrados en el quebranto en contra del patrimonio de la empresa , aseguró la SFP.

Pemex respondió a El Economista que ninguno de los siete funcionarios están en activo y que, dados los tiempos de las indagatorias, no pueden ser jubilados. Sin embargo, la resolución se encuentra supeditada al resultado de los medios de impugnación que tienen a su alcance los servidores públicos para combatir dichas sanciones.

Por tanto, afirmó, no es posible revelar los nombres o rangos de los funcionarios ni la identidad de la empresa a la que supuestamente beneficiaron, ya que esto podría afectar el proceso de impugnación que, efectivamente, llevan a cabo.

Entre los casos más recientes de corrupción imputados a la petrolera mexicana está el hallazgo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en su más reciente Cuenta Pública determinó que la compra de la planta de Agronitrogenados, por medio de una empresa de Pemex llamada Pro Agroindustria en diciembre del 2013, se hizo a un costo inicial de 275 millones de dólares, pero se elevó a 760 millones de dólares porque más de 60% de las instalaciones compradas eran inservibles.

Actualmente, la Unidad de Responsabilidades de la estatal, así como la SFP y la PGR, investigan también desde diciembre todos los contratos celebrados entre la petrolera mexicana y la empresa brasileña Odebrecht y sus filiales.

El análisis de estos contratos comenzó luego de que la brasileña admitió en las cortes de Estados Unidos que efectuó sobornos por 10.5 millones de dólares para conseguir obras en México y que, de éstos, seis millones de dólares fueron para un alto funcionario de una empresa controlada por el Estado .

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