Sin contar el costo por indemnizaciones ni el aumento en inversiones que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendría que hacer para garantizar la demanda, el impacto de aprobar la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo podría representar más de 1.4 billones de pesos para los próximos 10 años, al incrementar el déficit público anual en 0.6 puntos del PIB, y elevar la deuda pública en ese periodo en 6%, advierten especialistas del sector privado.

De acuerdo con un informe de los especialistas de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en poder de El Economista, la propuesta de modificar artículos constitucionales en materia energética “lastima a todo México: hogares, industria, comercio y finanzas públicas”. 

La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica plantea cerrar a la inversión privada los mercados de comercialización y suministro eléctricos, así como limitar el de generación eléctrica a una participación de no más de 46 por ciento. Este mercado se convertiría además en un monopsonio, pues solo la CFE podría adquirir la electricidad generada por los privados.

De acuerdo con el CCE, mantener el 54% del mercado y cumplir con las metas de energías limpias del país incrementaría el costo del suministro de CFE en 62,100 millones de pesos anuales; o bien, precisan requeriría, por lo menos, un subsidio eléctrico adicional de 75,000 millones de pesos al año.

También, el gobierno tendría que casi triplicar el presupuesto de inversión de CFE para por lo menos alcanzar el que ha ejecutado el sector privado, y mantener la infraestructura eléctrica.

“México se convertiría en un obstáculo para la lucha global contra el cambio climático”, y tendría que realizar una inversión de por lo menos 840,000 millones de pesos para transformar su energía fósil a una matriz diversificada limpia para la próxima década.

De lo contrario, la CFE tendría que multiplicarse por cuatro, que sería equivalente a que el gobierno construyera cinco refinerías como la de Dos Bocas, que probablemente no estará terminada en esta administración y, posiblemente, varios años después.

Los cálculos del sector privado refieren que se requieren 354,000 millones de pesos sólo para energía solar y eólica, esto es 16 veces el presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro.

El CCE alertó también que la reforma le daría a la CFE mayor poder, al hacerla juez y parte en los distintos mercados.

“La CFE adquiría facultades constitucionales para decidir discrecionalmente: quién puede generar electricidad y quién no, incluyendo hogares y empresas; o en qué orden se puede inyectar la energía a la red – privilegiando sus propias plantas por encima de las limpias y de bajo costo”, aseguró.

Los especialistas advierten que la propuesta de iniciativa de reforma haría imposible el cumplimiento de los compromisos de la Ley General de Cambio Climático que establece una reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, respecto a la línea base (año 2000), incluyendo una disminución de 31% por la generación eléctrica.

“La competitividad global y el crecimiento de América del Norte requieren el acceso a energías limpias y asequibles, como lo demuestra la declaración de General Motors que condiciona nuevas inversiones en México a un modelo que privilegie la electricidad limpia”, acotó.

lilia.gonzalez@eleconomista.mx