La reforma al esquema de justicia laboral en México propuesta por el gobierno federal permitirá que el país cuente con una justicia laboral más efectiva, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está preparada para ofrecer apoyo y orientación para la aplicación de los cambios, dijo Guy Ryder, director del organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.

Ryder afirmó que las iniciativas abordan cuestiones examinadas por los órganos de control de la OIT desde hace años, y ofrecen alternativas para avanzar hacia una legislación y práctica compatibles con los convenios de OIT ratificados por México .

El pasado 28 de abril, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado un paquete de modificaciones legislativas que, en esencia, plantean la desaparición de las juntas de conciliación de arbitraje actuales órganos de procuración de justicia laboral para ser remplazadas por instancias del Poder Judicial.

Lo anterior pondría punto final a más de ocho décadas de tripartismo en materia de justicia laboral, llamado así ya que el gobierno de las juntas de conciliación y arbitraje vigentes, nace de la concurrencia del gobierno, patrones y trabajadores.

No obstante, a decir de analistas, dicho esquema se hizo propenso a actos de corrupción y aunado a una legislación laboral rígida (como la que prevaleció hasta antes del 2013) se convirtió en un obstáculo para una impartición efectiva de justicia laboral.

La OIT está preparada para ofrecer apoyo y orientación que puedan solicitar el gobierno de México o los interlocutores sociales para la aplicación de estas reformas , dijo Guy Ryder en un comunicado.

Para el Instituto Mexicano para le Competitividad (Imco), el camino que se tomó con la iniciativa de justicia laboral, apenas son dos pasitos para iniciar una transformación que permita terminar con corrupción, opacidad, dilación y extorsión que prevalece en las juntas de conciliación y arbitraje.

Así lo manifestó Ricardo Corona del Imco, quien explicó que la iniciativa fue elaborada con el cuidado de llevar la justicia laboral, atendiendo una tendencia internacional, a la modernidad; es decir, atender las demandas laborales con una justicia del siglo XXI.

Tras explicar que países como Brasil y Argentina han dejado atrás el tripartismo para aplicar la justicia laboral, indicó que en México el tripartismo está viciado. Esa relación evidentemente abre la puerta a actos de opacidad de discrecionalidad que al final explica muchos de los problemas que hoy encontramos en las juntas de conciliación, tanto la federal como las locales .

Agregó que se ha encontrado que al final de cada juicio, casi por estrategia legal, casi todos los juicios se van al amparo y se encauzan a la vía judicial .

Nos parece que encauzando este tipo de conflicto a una instancia de carácter judicial va a neutralizar mucho de los vicios que se sumen hoy en intereses de grupo en una relación tripartita que no te deja o permite la finalidad última que es esta justicia laboral , abundó. (Con información de Notimex)

Competencias de jueces, incógnita: abogado

Propuesta de EPN crea dudas

La transición de la justicia laboral es necesaria para ajustarla al siglo XXI, y pasar de la conciliación tripartita a través de juntas de conciliación y arbitraje a la decisión del Poder Judicial para dirimir los conflictos laborales; sin embargo, puede dejar cabos sueltos al no contemplar la manera en la que los jueces tendrían que ser los encargados de fijar, establecer o determinar un laudo con enfoque económico de normas que no existen.

Así lo manifestó Óscar de la Vega, de la firma De la Vega & Martínez, quien explicó que la razón de las juntas de conciliación es crear, a partir de los acuerdos entre patrones y trabajadores, normas acorde con las necesidades y dimensión del juicio, pues la demanda es por incremento de salario y no existe una norma que sirva a un juez para dar salida a este tipo de conflictos.

De la Vega detalló que así como está la iniciativa, un juez podría definir conflictos en materia de despido, por acoso laboral, por discriminación, porque lo que hace el juez es escuchar a las partes, considerar las normas jurídicas y tomar una decisión; pero en el caso de materia económica no está claro cómo se van a dirimir estos conflictos. ¿Será el propio juez quien establezca esa nueva situación laboral y cree una norma para definir si se otorga 4 o 5% del salario a los trabajadores? , cuestionó. (María del Pilar Martínez)

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