De aprobarse el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés) se abrirá la puerta a violaciones a la libertad de expresión y acceso a la información, a la neutralidad de la red y a la protección de los datos personales. Varios de los lineamientos, además, caen en la inconstitucionalidad en México.

Las consecuencias de este Tratado en el ejercicio de los derechos y las libertades en el mundo digital fueron advertidas en el Seminario "TPP ¿Riesgo u oportunidad?" realizado en el Senado de la República, y han generado preocupación en organizaciones de la sociedad civil como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Este Tratado ha sido calificado por el gobierno como una oportunidad única para la economía mexicana, a pesar de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no firmará el acuerdo. Lo cierto es que la mayoría de los lineamientos que han generado controversia en la esfera digital fueron negociados por aquel país bajo el cabildeo de su industria cultural.

Viola libertad de expresión e información

Uno de los capítulos más controversiales del TPP es el de la Propiedad Intelectual, en donde uno de sus lineamientos obliga a que los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) para que retiren o inhabiliten tras la notificación de un propietario de algún material protegido por derechos de autor, como un libro o algún contenido audiovisual.

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"Cuando se le pide a un proveedor de servicios que una persona está violando los derechos de autor, si Facebook o Google no quiere ser responsable, tiene que bajarlo aunque no sea cierto. Si quiere evitar responsabilidad, tiene que censurar sin hacer ninguna pregunta. El ISP no tiene incentivo para hacer algùn tipo de resistencia y eso es lo que ha pasado", dijo Luis Fernando García, director general de R3D.

Este lineamiento deja en claro una acción inconstitucional: la censura previa y la privación del derecho a la libertad de información.

El director de R3D hizo hincapié en que, bajo los lineamientos estipulados en el TPP, los ciudadanos podrían ser objeto de bloqueo al acceso y publicación de contenidos bajo una presunta violación al derecho de autor sin siquiera haber sido corroborado por una autoridad. La investigación se realizará después, en una suerte de convertirse en culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Sin embargo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) difiere. Fernando Portugal, Director Divisional de Relaciones Internacionales del organismo, consideró que existen candados que eviten los abusos en este lineamiento.

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"Se contempla el derecho de las partes para establecer sanciones pecuniarias a quienes usen sistema de manera abusiva. Si se manda una notificación con la intención de provocar un daño, esa persona va a ser objeto de sanciones conforme a la legislación doméstica", aseguró.

Aún así, existen matices que reducirán la eficacia de los candados, además de la inconstitucionalidad por eliminar la presunción de inocencia. Luis Fernando García insistió en que existen contenidos sensibles a la temporalidad, como en los tiempos de elecciones, lo cual puede ser utilizado incluso con fines políticos.

"Esto toma tiempo; hay contenido, hay expresiones sensibles en el tiempo que a los lectores se les bloquea acceso y dejan de ser relevantes cuando se restablecen", insistió.

Neutralidad de la red

Si bien la neutralidad de la red, definida como un tratamiento equitativo en los datos que son transmitidos a través de Internet, quedó plasmada en la Constitución tras la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el capítulo de Comercio Electrónico del TPP establece un apartado que va en contra de este principio, observó R3D.

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Y es que el Tratado establece que el dar tratamiento diferenciado al contenido "exclusivo" que ofrezca algún proveedor de servicios de Internet no atenta al principio de la neutralidad de la red.

"El apartado de comercio electrónico permite la discriminación de tráfico internet para que ciertas compañías puedan tener distribución contenidos exclusivos. Esto está en contra de la Ley de Telecomunicaciones", insistió García.

Protección de datos

El riesgo a la protección de datos llega en dos frentes. En el primero, por la facilidad con que los titulares de un derecho de autor o de propiedad intelectual pueden pedir los datos y metadatos de las comunicaciones de los usuarios que presuntamente ocurren en una infracción.

"Causa preocupación que se hable de acceso de datos personales directamente a los titulares de derechos de autor. Debe haber un balance, debemos considerar que puede haber personas que accedan a contenidos ilícitos y una mala aplicación lleve que los proveedores de Internet sean los que cuidan qué están haciendo los usuarios y que estas personas no estén violentando un derecho de propiedad intelectual, pero sí a la privacidad", dijo Miriam Caballero, directora de Facilitación del Sector Privado del INAI.

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En mayo de este año, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que los metadatos (que incluyen datos de conexión o direcciones IP) están protegidos por el derecho a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones, contenido en el artículo 16 de la Carta Magna.

Así, recordó García, de R3D, las únicas autoridades que están facultadas para solicitar acceso a este tipo de datos son las procuradurías de justicia, las procuradurías estatales más la PGR, la Policía Federal y el Cisen, previa autorización del poder judicial.

"Si el IMPI pide a Telcel que le de dirección IP de un infractor, es contrario a la Constitución. No se puede implementar", ejemplificó.

Riesgo al desarrollo de ciberseguridad

De acuerdo con R3D, el TPP promueve la creación de candados digitales a los dispositivos tecnológicos (desde celulares y computadoras hasta objetos conectados) y el establecimiento de penas criminales por su manipulación o uso con propósitos personales.

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Esto pone en riesgo el desarrollo de la investigación en seguridad de las nuevas tecnologías al no permitir descubrir vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por criminales y gobiernos, y poner en riesgo a los ciudadanos al exponerlos a robos y secuestros de información personal, datos financieros, hasta el espionaje o afectaciones a infraestructura crítica.

"Puede afectar la investigación en materia de seguridad porque lo que se hace es buscar vulnerabilidades al romper candados digitales. La criminalización por romper candados digitales (...) criminaliza por hacer lo que queramos con los dispositivos que tengamos. EL TPP te haría un criminal de manera irremediable", insistió.

No le ven futuro

Al inaugurar el Seminario, el senador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el TPP es un acuerdo comercial que ya no tiene viabilidad, luego de que Trump afirmara retirará a Estados Unidos de dicho acuerdo.

El legislador insistió en que este acuerdo comercial está construido en función de la participación de Estados Unidos, por lo que "es momento de que México voltee al mundo para construir acuerdos con otros países de manera abierta".

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julio.sanchez@eleconomista.mx

mfh