La Iniciativa Privada (IP) del país tiene claro que la ambiciosa ola de reformas económicas estructurales que se completó el año pasado corre un gran riesgo de fracasar si no se concreta una gran reforma institucional anticorrupción que garantice un clima de negocios sano y una eficiente asignación de los recursos de la economía.

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acredita ese diagnóstico y asume el compromiso que le corresponde al empresariado en la tarea de lograr una transformación legal ad hoc, pero también de ser copartícipe del día a día en el desarrollo de un clima de negocios ético y apegado a las buenas prácticas. Comparte con El Economista sus perspectivas para el 2015 en este y otros temas como el fiscal, de seguridad y Estado de Derecho, grandes focos de preocupación en medio de la implacable caída de los precios del petróleo y la escalada de protestas sociales.

En el 2015 se pensaba que estaríamos hablando de implementación de reformas e inversiones, pero desde hace cuatro meses la agenda cambió. ¿Qué es lo que ha pasado?

Nosotros tenemos de manera muy clara en la agenda del sector privado dos grandes divisiones. La parte económica, donde hay tres grandes prioridades: generar crecimiento económico a través de fortalecer el mercado interno, el consumo y la inversión. Y ahí impulsando políticas públicas y medidas de corte fiscal que nos ayuden a lograr esos objetivos. Y la otra es cómo podemos implementar las reformas económicas para que realmente tengan un impacto en el crecimiento y el bienestar de la población.

La parte de fortalecimiento institucional estamos tomándola con igual importancia que la parte económica. Tenemos la claridad de que si una y otra no van de la mano, no podremos realmente lograr los niveles de crecimiento que queremos. Aquí tenemos cinco grandes ejes: seguridad, física y patrimonial para todos; democracia con gobernabilidad; acceso a la justicia para todos en igualdad de condiciones; el combate irrestricto contra la corrupción y la impunidad.

Por eso estamos empujando de manera tan decidida dos temas ahí: el sistema nacional anticorrupción con los dientes suficientes, con la autonomía suficiente para realmente dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y la otra, el código de ética y de principios que vamos a presentar en las próximas semanas como una respuesta y un ejemplo del sector empresarial de lo que puede hacer.

¿Cómo ve lo que está pasando en los estados del sureste en términos de movilizaciones sociales?

Yo veo un escenario preocupante en el que grupos radicales violentos, además con una idea muy revolucionaria propia de los 60, están tomando posiciones y escalando acciones cada vez más radicales. Si vemos lo que ha sucedido en Guerrero, y ya se está replicando en otros estados, vemos que la escalada de radicalización es muy clara. Van, como lo han hecho, subiendo, vulnerando instituciones del Estado mexicano y van mandando mensajes muy claros para ver hasta dónde llegan o hasta dónde los dejan llegar los mismos gobiernos o la misma ley.

¿Se puede leer su posición como la petición de una respuesta autoritaria por parte del gobierno?

Desde luego que no. El punto medio es que no haya represión, pero sí aplicación de la ley. Son dos cosas muy diferentes. También creemos que como sociedad debemos aprender a distinguir cuáles son las causas legítimas y aquéllas que están totalmente fuera de la legitimidad y la legalidad. A mí me preocupa que esta escalada de violencia y de vulnerar los símbolos del Estado mexicano haya llegado ya al Ejército Mexicano. De verdad que eso me preocupa mucho.

¿Qué espera para el 2015 y más adelante en el tema del marco tributario?

Nosotros seguimos empujando y seguimos confiados en que puede y debe haber cambios. Estamos platicando con el gobierno, le hemos presentado propuestas viables que están ahora en análisis. Hubo además un compromiso del presidente de la República de revisar qué funcionaba y qué no, para cambiarse, obviamente dentro de los márgenes que tiene el gobierno, que ahora son muy limitados por los ingresos que tienen que ver con el petróleo. Estamos trabajando y hemos tenido reuniones periódicas. Confiamos en que se van a tomar algunas de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa.

¿Cómo podrían afectar eventuales recortes presupuestales los negocios vinculados a las contrataciones públicas?

En el CCE aplaudimos mucho el anuncio del secretario de Hacienda de que antes de aumentar el déficit público o algo más tendrían que hacer recortes. Yo creo que sí tienen margen para hacer recortes en aquellos programas que no están teniendo impacto, que se está gastando el dinero no necesariamente de manera eficiente y transparente.

Lo que vemos con un poco de preocupación y también lo hemos pedido a las autoridades es que no haya recortes en proyectos estratégicos de la CFE y Pemex, porque éstos tienen que ver con dar insumos mucho más competitivos a la planta productiva.

¿Cómo cambiará el ecosistema de negocios a partir de la demanda de una mayor transparencia en las licitaciones?

Yo creo que la transparencia es una de las grandes demandas tanto del sector como de los mexicanos. El transitar y el compromiso que debe tener toda la clase política, incluyendo la sociedad y el sector empresarial, es que realmente tengamos una ley o un sistema anticorrupción que nos garantice la transparencia, la rendición de cuentas y un combate contra la corrupción, de ambas partes: el que corrompe y el que se deja corromper.

Pienso que todo esto que ha pasado ha ayudado en buena medida y de la manera correcta para sensibilizar a todo el mundo de que es un tema prioritario porque al final, si no avanzamos en esto, el costo que tenemos como país es que no haya multiplicación de las empresas por la falta de competencia, que no haya más inversión, que se dispendien los recursos públicos y se limite el bienes tar social.

Entre líneas se escucha algo de autocrítica...

No entre líneas, más bien de manera abierta. Tan estamos conscientes que por eso vamos a poner el ejemplo con nuestro código de principios y ética, ahí nos estamos autorregulando, aunque es totalmente voluntario. Estamos poniendo el ejemplo de las mejores prácticas internacionales para las empresas, accionistas y sus trabajadores, cómo se comportan en la sociedad y en sus medios. Sí queremos, antes de que salga inclusive la ley, mandar un mensaje muy claro de que el sector empresarial está absolutamente consciente y tiene que poner de su parte para que esto funcione.

Estamos en un año electoral. ¿Cuáles son sus preocupaciones al respecto?

Más que preocupación, yo esperaría una gran participación. Hoy más que nunca tenemos que fortalecer nuestra democracia con una participación cívica y reflexiva de quiénes son los mejores para que nos representen. Yo esperaría también que hubiera un gran equilibrio en el Congreso, eso siempre ayuda al país, porque las decisiones son consensuadas, porque las propuestas enriquecen y porque tienes que generar acuerdos.

Éste es un año de transición en organismos empresariales, incluyendo el CCE. ¿Qué espera de la renovación de liderazgos?

Primero, que llegue gente profundamente comprometida con el sector, que lo entienda, que lo haya vivido, que sepa que debe tener una gran representatividad y que tenga el absoluto convencimiento de que su principal objetivo es defender los intereses legítimos del sector empresarial, pero también de la sociedad mexicana. Y luego, que mantengamos la unión que hemos tenido en los últimos tres años, misma que ha sido fundamental para generar una agenda única del sector privado y se ha traducido en propuestas muy claras, en propuestas de reforma, en leyes secundarias, en una visión compartida que hemos venido empujando y que hoy en gran parte de las leyes y las propuestas de políticas públicas están expresadas.

Negocian relajar requisitos en Ronda Uno

La Iniciativa Privada insistirá en su demanda de que se ajusten los requisitos para participar en la Ronda Uno de licitaciones del sector hidrocarburos, pues resultan restrictivos si lo que se quiere es fomentar la participación del empresariado mexicano en el sector y, más aun, fomentar la formación de una industria petrolera nacional.

Lo que nos preocupa de la Ronda Uno en aguas someras es que hayan pedido un capital inicial tan alto de 1,000 millones de dólares. Eso deja a muchas empresas mexicanas fuera y sobre todo no ayuda a generar y potencializar que muchos empresarios mexicanos puedan participar , comentó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

De acuerdo con el representante empresarial, el monto de capital contable es excesivo no sólo en México, sino en otras regiones referenciales para el desarrollo de negocios petroleros en el mundo, por lo que cabildean con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) una fórmula que permita a las empresas mexicanas participar.

El tope es muy alto. De hecho, nosotros preguntamos en Houston y en otras partes y también se les hizo alto. Hemos estado platicando con las autoridades y la CNH que creemos que se debe de bajar , abundó.

El empresario destacó que le pareció adecuada la secuencia elegida por la autoridad para segmentar los proyectos de licitación, pues con la baja en los precios del crudo, las aguas someras y los campos conservan atractivo por sus bajos costos de desarrollo.

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