El sector empresarial del país adoptó el compromiso ético de inhibir, prevenir y, en su caso, denunciar actos de soborno, cohecho y mordidas que provengan de funcionarios públicos; no obstante, exigió al Congreso a que en este periodo de sesiones -que arranca este domingo- se apruebe la ley anticorrupción, pues México vive una de sus peores crisis en la materia.

Con la firma de 30 organismos empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó el Código de Integridad y Ética Empresarial, bajo 12 principios que van desde la prohibición de la corrupción, transparencia, integridad en las inversiones, en las relaciones de negocios, en las aportaciones con fines políticos, hasta controles de verificación, entre otros.

En conferencia de prensa, el líder empresarial reconoció que el sector privado ha sido parte del problema de la corrupción, así que de manera voluntaria han optado por decir no a la corrupción e involucrarse para permear al resto de las empresas.

Gerardo Gutiérrez precisó que el costo de este fenómeno ronda en 2% del PIB, pero podría llegar hasta 10%, dependiendo de la situación, aunque son cifras incalculables.

En su oportunidad, Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a los legisladores a concentrarse en trabajar, porque ésta es la última oportunidad que tiene la LXII Legislatura para aprobar el sistema nacional anticorrupción.

Los empresarios mencionaron que en la medida en que haya una ley para sancionar y que los empresarios pongan de su parte para no tolerar actos de corrupción, el país podrá transitar por la legalidad y mejorará el crecimiento económico de México.

El presidente del CCE, en compañía de los organismos empresariales que aglutinan a la cúpula, lanzó que la mayor deuda de la transición democrática del país consiste en que tres de cinco factores para hacer negocio tienen que ver con la corrupción .

Abundó que la falta de eficacia en contra de estas problemáticas genera 97% de la impunidad.

A través de la adopción voluntaria de sus preceptos, quienes se sumen podrán incorporar mejores prácticas a su operación diaria, lo que además de beneficiar el sano desempeño de sus negocios, constituye una estrategia congruente de integridad, transparencia y compromiso social a favor de un México libre de corrupción.

El Código de Integridad y Ética Empresarial fue elaborado con la participación de los organismos asociados al CCE y se tomaron en consideración diversos lineamientos e iniciativas en materia de integridad y anticorrupción de organismos e instituciones internacionales, incluidos el Banco Mundial, la OCDE, el Foro Global de Gobierno Corporativo, la Caux Roundtable, el Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional, el Instituto de Basilea de Gobierno Corporativo y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, entre otras.

Imco propone reforzar código de ética con una estructura de sanciones

El Código de Integridad y Ética Empresarial será una herramienta útil para el control de la corrupción en México, pero habrá que reforzarlo con una conducta moral que provoque en la población conciencia de los actos deshonestos, consideró Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El especialista en competitividad se refirió a la necesidad de revisar la estructura de los castigos y sanciones en México, pues si bien se requiere frenar los ilícitos, sería conveniente replantear las penas y exhibir a las personas corruptas.

Dijo que el caso del Torito (sanciones administrativas) en el Distrito Federal para los conductores que han ingerido bebidas alcohólicas ha resultado todo un éxito para frenar este acto y castigar a quien infringe la ley.

Resolver el tema de la corrupción es parte de la justicia cotidiana, parte de concentrar los esfuerzos y exhibirlos a la sociedad.

Ejemplificó: si a un abogado se le dice, te voy a meter a la cárcel por presentar testigos falsos, su acción inmediata es ampararse. En cambio, si existiera un torito , tendría que pagar en la caja una sanción, se le podría prohibir litigar en seis meses ponerlo en una lista negra, seguro lo pensará dos veces.

No obstante, Manuel Molano comentó que en nuestro país, los legisladores creen que una sanción severa hará que la gente no cometa ilícitos, pero a lo largo, el que tiene dinero paga el amparo y se va del país, en cambio, el que no robó un pan de dulce es el que se va a la cárcel.

De acuerdo con el Imco, las prácticas de corrupción aumentan el gasto público y distorsionan las prioridades presupuestales del gobierno.

Por ello, el director adjunto del Imco apoyó la economía conductual, en donde se dicta que si los códigos de ética son bien reforzados como una norma de conducta, la gente tendrá presente qué es lo que se podrá hacer y qué no, lo que ayudará a prevenir actos deshonestos.

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