El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, Napoleón Gómez Urrutia, alista el dictamen que pretende quitar el tope a los salarios caídos que se aprobó en la reforma laboral en el 2012 y que limitaba el pago, tras un conflicto laboral, del 100% de salarios en un periodo de un año.

La propuesta de dictamen, cuya iniciativa se presentó el 29 de abril del 2019, busca la modificación al artículo 48, ya que la reforma vigente desde el 1 de diciembre del 2012 redujo sustancialmente el monto de los salarios caídos por el despido injustificado, “lesionando así el derecho humano de la persona trabajadora de recuperarse del daño económico que causa el patrón con los salarios caídos por todo el tiempo que dure el juicio laboral por despido injustificado; y también ocasiona daños al derecho de reinstalación y al de estabilidad en el empleo”.

Actualmente, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, establece fijar como tope el pago de los salarios caídos a un año con un pago del 100%, y del segundo año en adelante sólo cubrir 2% mensual capitalizable de los salarios caídos.

Ello, de acuerdo con el análisis de la iniciativa, “atenta gravemente contra los derechos de las personas trabajadoras y provoca el erróneo incentivo perverso de dilatar procedimientos legales por años, a sabiendas que el patrón no tendrá la obligación legal de enterar el total de los salarios caídos al momento del despido injustificado”.

Especialistas laborales ven un riesgo en caso de que se lleve a cabo la modificación, pues sería una regresión limitando el efecto de tener juicios laborales más rápidos.

En las consideraciones del dictamen, que se incluye a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, refiere que se “reconoce el interés del senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, al presentar la iniciativa, además de que se comparte la intención del proponente para que sea mejorado nuestro sistema laboral, a fin de garantizar mejores derechos a las personas trabajadoras de nuestro país, y evitar acciones que han sido consideradas perjudiciales o que afectan los intereses de la persona trabajadora”.

La iniciativa “se centra en establecer la obligatoriedad de la persona empleadora, de pagar de manera íntegra los salarios vencidos de un trabajador que ha sido despedido injustificadamente, garantizando de esta manera el cumplimiento de las obligaciones”.

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