El Gobierno de la República iniciará un proceso formal de consultas con el sector privado y otros actores relevantes por un periodo de 90 días sobre los cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Economía (SE) informaron que el proceso continuará de manera permanente una vez que inicie la negociación, para fijar los parámetros que guiarán la revisión y profundización del TLCAN.

La consulta en México ocurrirá de manera simultánea con la que el Gobierno de Estados Unidos lleve a cabo internamente para sus propios efectos.

Este proceso será coordinado en México por la Secretaría de Economía, a través de los mecanismos ordinarios establecidos. Durante el mismo, se tendrá una participación activa del Senado de la República, conforme a las facultades que le corresponden en materia de política exterior.

Según la Secretaría de Economía, el proceso de consulta es indispensable para lograr una modernización del TLCAN que atienda el interés nacional, como se está haciendo en el caso del acuerdo entre México y la Unión Europea, cuya negociación habrá de ocurrir también en el 2017.

El plazo de los 90 días implica que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, buscará obtener en breve la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por su sigla en inglés) para agilizar lo más pronto posible la renegociación del TLCAN, con lo que las pláticas formales darían comienzo en el mes de mayo.

Esta decisión les fue comunicada a los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, cuando se reunieron el 25 de enero con Peter Navarro, jefe del Consejo Comercial Nacional; Stephen Bannon, asesor sénior de la presidencia de Estados Unidos, y Jared Kushner, yerno de Trump y consejero superior, en Washington, D C.

La TPA, también conocida como fast track (vía rápida), es otorgada por el Congreso de Estados Unidos al Ejecutivo de ese país para llevar a cabo negociaciones comerciales y presentar los acuerdos firmados al Legislativo, para que éste los ratifique o desapruebe, sin modificar su contenido.

Sin ella, las posibilidades de éxito de cualquier negociación disminuyen ya que la administración en curso no puede garantizar que los resultados de la negociación serán aprobados por el legislativo en sus términos.

El 23 de enero, el gobierno de México definió los 10 objetivos que buscará en la negociación con Estados Unidos, bajo la premisa de construir una nueva etapa de diálogo y negociación en la relación bilateral.

Uno de ellos fue: preservar el libre comercio entre Canadá, Estado Unidos y México. Los intercambios comerciales entre los tres países deben estar exentos de cualquier arancel o cuota, como ha ocurrido desde el 2008 .

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