La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó durante 10 años para desempeñarse en cualquier cargo público al ex titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, por conflicto de interés durante su desempeño como titular de ese regulador.   

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública aseguró que para ese órgano “es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada Reforma Energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos”.  

En un comunicado en que se omitió el nombre y periodo de servicio del ex funcionario sancionado, aunque cabe recordar que antes de dejar el cargo García Alcocer fue señalado directamente por el Ejecutivo por tener vínculos por parte de su familia política con un empresario de la danesa Vestas, además de otro posible vínculo familiar con una empresa comercializadora de combustibles, la SFP abundó que, en el periodo neoliberal, instituciones como la CRE fueron usadas para privatizar las industrias del sector y debilitar a las empresas públicas, lo que puso en riesgo la soberanía energética de la nación.  

La secretaria Irma Eréndira Sandoval sostuvo que “durante el anterior régimen se intentó desaparecer Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, ante lo cual era prioritario avanzar en su rescate por su carácter estratégico para lograr el desarrollo sostenible y soberano de nuestro país”. 

La sanción al expresidente de la CRE es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo

Al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se  violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos. Esta disposición, desde luego, aplicaba para todas las personas que se desempeñaban en la Administración Pública Federal, incluidos los órganos reguladores de energía. 

La Secretaría de la Función Pública respetó a lo largo de todo el procedimiento el derecho a una defensa adecuada por parte del ex servidor público sancionado, quien siempre tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas, detalló el organismo sancionador.  

El año pasado, tras la renuncia del presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de todos excepto dos comisionados de la CRE, Guillermo García Alcocer mostró en conferencia su declaración de intereses presentada en 2016, donde mencionó dos parientes políticos laborando en una empresa no regulada proveedora eólica y en una transportista de gas, de cuyas discusiones él se abstuvo de opinar. 

Tres días después, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía, mostraron una investigación en que aseguraron que los dos parientes del presidente de la CRE tenían nexos con ocho empresas del sector y en algunas hay indicios de lavado de dinero. Pidieron al funcionario su renuncia mientras se realizaba la investigación. 

Guillermo García Alcocer citó nuevamente para desmentir las acusaciones en su contra, mostrando las actas de las sesiones del órgano de gobierno que lo respaldan y pidió audiencia con el presidente López Obrador.

El primer mandatario aceptó la propuesta de audiencia con el presidente de la CRE, aunque aseguró que la investigación siguió en curso y que con nuevos funcionarios limpiará al regulador de la corrupción que dejó el gobierno anterior. Semanas después, García Alcocer dejó el cargo.  

karol.garcia@eleconomista.mx