México podría alcanzar un ahorro de hasta 15% en los costos de operación de las empresas, una vez que se implemente el capítulo de mejora regulatoria en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 2.0, afirmó Arturo Rangel, coordinador de la mesa de Mejora Regulatoria en el Cuarto de Junto.

El capítulo aprobado durante la séptima ronda de negociaciones para modernizar el TLCAN representa una “victoria”, porque se pretende homogenizar y armonizar el ambiente de negocios entre los tres países (México, Estados Unidos y Canadá), que hoy es desigual en trámites y publicaciones, explicó a El Economista.

“Aunque no está planteado en la negociación, el homogenizar y armonizar la regulación que requieren hacer las empresas para abrir, operar y hasta cerrar, nos ayuda a un proceso de integración más profunda que se había planteado desde el TLCAN original”, comentó Rangel.

De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, una de las grandes ganancias de la mejora regulatoria es alcanzar entre 3 a 5% ahorro del costo total de la operación de las empresas.

Para México, este capítulo —que pasó desapercibido durante la séptima ronda por el ruido de imposición de aranceles— nos obligará a modificar disposiciones actuales y modernizarlas, y que sean acordes con las regulaciones de EU y Canadá.

Precisó que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) —en el caso mexicano— posee 120,000 trámites, cuya tendencia será reducirlos paulatinamente, a fin de que se regulen trámites sólo por cuestión de seguridad, salud o fomento de actividades, y en cambio, nos alejemos de trámites que son recaudatorios.

“La mejora regulatoria significará que las publicaciones de nuevas normas deben hacerse de forma previa para que los conozcan los socios comerciales. Debe haber un proceso para emitir comentarios, como se posee en Cofemer”, dijo el representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

El coordinador del capítulo regulatorio dijo que el tema es transversal y dependerá también de capítulos como el de obstáculos al comercio, aduanas y corrupción, pues existe una “gran cantidad de trámites que resultan obstáculos para las nuevas inversiones, pero constituyen un alto costo de mantenimiento para las empresas”. A la fecha sólo las grandes empresas pueden mantener “ejércitos” que se dedican a la tramitología, en tanto que las pequeñas y medianas empresas tienen que recurrir a coyotes, gestores y dádivas para facilitar tramites complejos.

El reclamo del Consejo Coordinador Empresarial es que los gobiernos locales enfrentan el mayor desafío, porque sólo cuentan con un avance de 21% en obtener mejoras en las regulaciones, lo que implica un retraso respecto al resto de la federación.

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