Una de las armas con las que cuenta México para debilitar la fortaleza financiera de las organizaciones delictivas es la figura de extinción de dominio, la cual se creó constitucionalmente en el 2008 y se buscará que sea reforzada para tener mejores resultados, especialmente para casos de corrupción.

De acuerdo con la iniciativa del senador de Morena Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presentada hace algunos días, en la actualidad esta acción sólo aplica en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito; sin embargo, se buscaría integrar actos de corrupción cometidos por servidores públicos.

Asimismo, se buscará el aseguramiento de bienes que hayan sido objeto o producto de los delitos, aun cuando no se haya dictado sentencia que determine responsabilidad penal, pero que existan elementos suficientes para estimar que el hecho sucedió.

Para Iván Alemán Loza, exvicepresidente de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la extinción de dominio, a pesar de estar contemplada en la ley, no es una herramienta que se utilice para debilitar las estructuras financieras de los delincuentes, por lo que debe ser reforzada.

“La extinción de dominio es una herramienta efectiva para el combate contra la delincuencia, y además, a diferencia del congelamiento de cuentas bancarias, es constitucional”, explicó el hoy socio del despacho Alemán y Asociados.

Alemán Loza indicó que posiblemente dicha iniciativa busque abarcar temas de lavado de dinero.

“La extinción de dominio y el combate a lavado van por cuerdas separadas, aunque pueden tener su punto de encuentro, eso nunca ha sucedido (...) Justo lo que quiere es reformar y que (ambos delitos) tengan un vínculo mayor para aplicar la extinción de dominio”.

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