Para evitar prácticas de corrupción y conflictos de interés entre funcionarios públicos y empresas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) fiscalizará las compras y contrataciones públicas que realice la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La SFP brindará asesoría normativa con un carácter preventivo sobre políticas de control interno, vigilancia, fiscalización, inspección y revisión de las contrataciones”, expusó Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, durante la firma de convenio con la SHCP.

Mencionó que en la administración pasada existía un intercambio ilícito de favores entre funcionarios del gobierno y contratistas; así como violaciones a los plazos mínimos marcados por la ley para la presentación de propuestas o la asignación de contratos.

 

 

“Esto ocasionó sobreprecios exagerados, sobornos millonarios, la evasión del fisco, el uso de paraísos fiscales y robos al erario que ya no sorprendían a nadie y lamentablemente iban normalizándose, lo cual contaminó nuestro sistema democrático y la funcionalidad de las instituciones públicas”.

Por ello aclaró que condicho convenio con la Oficialía Mayor, la Función Pública conservará las facultades fiscalizadoras de control, inspección, vigilancia en materia de adquisiciones. “Se tenía la idea errónea de que la Función Pública ya no participa en estas asignaciones”.

Se creará nueva plataforma de compras

Raquel Buenrostro, titular de la Oficialía Mayor comentó que la mejor manera de acabar con la corrupción es dejar la menor intervención posible a la parte humana, es decir, tener sistematizados todos los procesos para que exista un mayor control y transparencia.

De esta manera, dijo, se está diseñando una plataforma digital del sistema de compras y contrataciones.

“Esta plataforma a diferencia de Compranet, será transaccional, es decir, se registra cualquier contrato desde el momento de la planeación con el registro de los proveedores, de los servidores públicos que participan en la compra y esto va a crear flujos de trabajo, donde quedará claro quién interviene y en qué momento”.

Además, tendrá registros electrónicos de cada acción y con firmas digitales, señaló Buenrostro.

“No es un proyecto menor, es de mediano plazo. A algunos países les ha tomado hasta cinco años, pero con la experiencia y apoyo que hemos tenido de otros países, creemos que nos tomará entre 3 a 4 años”.

Buenrostro enfatizó que en dicha plataforma también se tendrá acceso a información de los servidores públicos, “ello para conocer si quien está firmando un contrato, realmente tiene el nivel de responsabilidad, si se puede verificar su nivel salarial y en todo caso su declaración patrimonial para ver si hay congruencia entre lo que gana y su patrimonio”.

También se checará, en los casos de las empresas si tienen incumplimientos, si han sido rescindidas, o si tienen una demanda por pagos indebidos, entre otros, comentó la Oficialía.

“Esto va hacer que sea más ágil y en automático la identificación de potencial de riesgos de corrupción tanto en servidores públicos como en el sector privado”.

Recordó que esta información se podrá intercambiar no solo con la SFP, sino también con el SAT, el IMSS y otros organismos públicos.

Sandoval abundó que una de las áreas más vulnerables a la corrupción son los procesos de compras públicas, procesos de adquisiciones y contrataciones a los que se destina ceca de 1 billón de pesos al año. Dicho monto representa el 20% del gasto público.