Como parte de la inspección fiscal que está llevando a cabo nuestro país en el extranjero, que incluye lugares considerados paraísos fiscales, a partir del 9 de marzo entrará en vigor el Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria con Islas Caimán.

Se podrá intercambiar información de los impuestos Sobre la Renta (ISR), el Especial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de la que está en posesión de bancos, propiedades de sociedades de personas, fideicomisos y fundaciones. Asimismo, de sociedades cotizadas en Bolsa y planes de inversión colectiva públicos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene reconocidos otros acuerdos de ese tipo con Antillas, Bahamas e Islas Cook, Bermudas e Islas del Hombre.

PRESIONA GAFI

Ese tipo de acuerdos son resultado de las presiones que ha ejercido el Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI) sobre los países que están en la lista de paraísos fiscales como Islas Caimán, dijo el profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Ricardo Gluyas.

En entrevista, el también autor del libro Inteligencia Financiera expuso que se trata de países que el GAFI considera no cooperantes, y que en algunos casos ni siquiera tienen rango de Estado y por tanto están fuera del control para fiscalizar por medio de tratados internacionales.

Al igual que Bahamas, Islas Caimán revisten importancia porque tienen un estatus atractivo para ser destino de recursos económico por tratarse de un paraíso fiscal.

Es común que el recurso económico fluya a lugares como los paraísos fiscales .

En el acuerdo que firmó México con Islas Caimán se contó con la autorización del gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte.

Por otro lado, el profesor e investigador del Inacipe también consideró afortunada la creación de la nueva Unidad Especializada en Análisis Financiero en la Procuraduría General de la República porque se inscribe dentro de una estrategia nacional para el combate a la delincuencia organizada.

Pero hace falta que se avance en la identificación de operaciones con recursos ilícitos de manera preventiva para saber quién realiza transacciones de compra o venta como lo establece la ley que aún está pendiente de aprobarse en la Cámara de Diputados. El 26 de agosto del 2010 el Ejecutivo envió al Senado el proyecto de ley que se aprobó el 28 de abril del 2011.