Bancos deberán separar activos inmobiliarios

Todos los bancos están obligados a segregar su carga en una firma de gestión de activos inmobiliarios. Deberán trasladarlos al llamado banco malo , donde se facilitará su venta a precio contable.

Los bancos podrán sacar así los bienes inmobiliarios de su balance y traspasarlos a sociedades externas, cuya creación se regulará mañana a través de un Real Decreto. Así lo aprobó el gobierno en Consejo de Ministros, tal y como estaba previsto.

La novedad viene por la vía de la imposición a todas las entidades de llevar a cabo esta segregación en sus balances.

Hasta ahora se venía barajando que los bancos que fueran capaces de asumir las nuevas provisiones aprobadas este viernes no estarían obligados a separar los activos inmobiliarios.

Las nuevas sociedades de inversión inmobiliaria, según la terminología oficial que trata de evitar el término de banco malo que tanto rechazó el presidente Mariano Rajoy durante la campaña electoral y primeros meses de gobierno, quedarán desarrolladas a partir de mañana.

Los bancos traspasarán los activos a estas sociedades con un fuerte descuento, sin miedo a sufrir pérdidas por las fuertes dotaciones realizadas.

El ministro de Economía, Luís de Guindos, precisó que el criterio será el valor contable.

Guindos comentó que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aportará nuevas ayudas, pero en su mayoría en forma de préstamos, y ha insistido en que el capital que se aporte a la banca se recuperará.

Esto no cuesta dinero a los contribuyentes españoles , aseguró Guindos en rueda de prensa, apenas dos días después de que se confirmara la nacionalización de Bankia, la cuarta entidad financiera del país, con una aportación de capital por 4,500 millones de euros, fruto de convertir ayudas concedidas en el 2010 en forma de participaciones preferentes en acciones con las que garantizar la solvencia.

El Ministro de Economía reconoció que la nueva exigencia de provisiones para el crédito al sector inmobiliario sano, cifrada en 30,000 millones de euros, generará carencias de capital para algunas entidades, incapaces de asumir el nuevo requerimiento por sí solas.

LOS COSTOS ?DE LA REFORMA

• El punto de partida de la reforma es incrementar las provisiones sobre el crédito inmobiliario sano.
• Todos los bancos están obligados a segregar su carga en una firma de gestión de activos inmobiliarios.
• Deberán trasladarlos al llamado banco malo, donde se facilitará su venta a precio contable.
• Esta reforma supone un sobreesfuerzo de unos 27,800 millones de euros.
• La medida supondrá un costo de 3,000 millones para Santander, 1,900 para BBVA, 3,140 para Caixabank, 4,500 para BFA-Bankia, 2,500 para Popular o 1,300 para Sabadell.

PSOE LAS RECHAZA

COMISIÓN EUROPEA CONFÍA EN MEDIDAS

La Comisión Europea celebró las medidas tomadas por el gobierno español para reforzar su sector bancario, que incluyen una reforma que impone 30,000 millones de euros de nuevas provisiones a los bancos, considerados demasiados expuestos al sector inmobiliario.

Doy la bienvenida a las medidas anunciadas el viernes por la autoridades españolas para reforzar el sector bancario. Una reforma rápida y profunda de los bancos es la piedra angular de la respuesta de España a la crisis , estimó el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, en un comunicado.

Por otra parte el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) indicó que no está dispuesto a dar al gobierno español un cheque en blanco sobre las última reforma financiera y exigirá cambios para darle apoyo en el Congreso, según la explicación que dieron algunos dirigentes socialistas que participaron en el Consejo Territorial del PSOE junto al secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Además, el partido español quiere sumar a esta negociación los recortes en educación y sanidad.

Rubalcaba no ha aclarado cómo votarán los 110 diputados socialistas cuando se presente al Congreso el decreto-ley, y ha dicho que lo están estudiando a fondo porque es muy complejo y quieren ser responsables . Los dirigentes autonómicos del PSOE se han mostrado muy críticos con el decreto-ley y creen que sólo en parte puede considerarse una continuidad de las reformas anteriores, las aprobadas por el gobierno socialista y la primera del PP. Su rechazo al contenido de la reforma se basa especialmente en que creen que no garantiza que no se vaya a perder dinero público en el proceso de reestructuración.

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