Inteligencia artificial y justicia: una herramienta, no un sustituto del juzgador

En la actualidad, la inteligencia artificial forma parte esencial de nuestra vida diaria. Recurrimos a ella para investigar, despejar incógnitas, gestionar nuestras tareas y en algunos casos fundamentar nuestras decisiones. Como era de esperarse, la justicia no podía quedarse al margen de estos cambios.

En el ámbito jurídico, la inteligencia artificial representa una herramientasumamente útil. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de expedientes que deben revisar los juzgados, en el tiempo que se necesita para localizar una jurisprudencia o en las operaciones que deben realizarse para determinar una garantía dentro de un juicio de amparo. Son tareas que pueden llevar tiempo y en las que la tecnología puede facilitar mucho el trabajo.

De hecho, los tribunales ya respaldan esta idea. Tan es así, que el 9 de enero de 2026 se publicaron dos jurisprudencias (registros 2031639 y 2031640) sobre el uso de la inteligencia artificial en la impartición de justicia. La primera avala su uso para apoyar en el cálculo de garantías en juicios de amparo y la segunda fija las reglas para aplicarla con ética y responsabilidad con perspectiva de derechos humanos, destacando que las personas juzgadoras observen como elementos mínimos los principios de: proporcionalidad e inocuidad; protección de datos personales;  transparencia y explicabilidad; y supervisión y decisión humanas.

No obstante, resulta imprescindible reflexionar sobre una cuestión clave: ¿hasta qué punto es prudente delegar las resoluciones judiciales a la inteligencia artificial?

Desde mi punto de vista, aunque el soporte tecnológico ofrece grandes beneficios, nunca debemos olvidar que la labor jurisdiccional no se reduce a una simple gestión documental o normativa. Cada expediente representa historias de vida, núcleos familiares y derechos que demandan un análisis riguroso y humano.

Juzgar la libertad, los conflictos familiares, las responsabilidades de una persona, incluso las del Estado mismo, no es como hacer una suma. Aquí los datos no son suficientes: hace falta experiencia, criterio legal, empatía y saber identificar los detalles y comprender las circuntancias particulares de cada asunto.

También hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial se equivoca. Puede proporcionar datos falsos, inventar referencias o arrastrar prejuicios. Por ello, no basta con aceptar lo que dice a la primera; es indispensable revisar, verificar, comparar y evaluar cada dato antes de tomar una decisión basada en dicha información.

En esencia y por su naturaleza, la justicia no puede automatizarse. Juzgar requiere valorar pruebas, escuchar a las partes y fundar y motivar cada decisión. Las responsabilidades estrictamente humanas no pueden ser sustituidas por ningún programa.

Claro que no se trata de rechazar la inteligencia artificial ni de verla como una amenaza. Al contrario, es una gran aliada para que los órganos jurisdiccionales funcionen mejor. Ahorra tiempo y facilita encontrar información, lo que permite a quienes juzgan enfocarse en lo más importante: tomar decisiones apegadas a derecho.

Aún así, su aplicación debe estar bien regulada, garantizando siempre la transparencia, la protección de datos personales y la supervisión constante de los juzgadores. 

En última instancia, el verdadero desafío no radica en lograr una justicia más rápida, sino en garantizar una de mayor calidad. De nada serviría utilizar la tecnología más avanzada si las sentencias vulneran los derechos humanos o no ofrecen soluciones reales a los conflictos de los ciudadanos.

En conclusión, debemos aprovechar las ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial para hacer más eficiente la justicia, sin olvidar que es unaherramienta de apoyo. Puede facilitar la función jurisdiccional, pero nunca reemplazar la independencia y el criterio de los jueces, pues la vida y los derechos de las personas no debe quedar a merced de un algoritmo. La tecnología está para servir a la justicia, pero impartirla sigue siendo una responsabilidad exclusivamente humana, y con ello, se mantienen intactas las obligaciones propias del servidor público.