En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gasto neto del sector público podría superar lo que se aprobó en el 2018 por 5.2 billones de pesos, indicó Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

“El gasto va a ser ligeramente superior al que se aprobó en el 2018. Estamos analizando los ingresos, los cambios fiscales en la frontera y posibles escenarios con incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal”, dijo a El Economista.

Detalló que el aumento al gasto será consecuencia del crecimiento que tendrán en gastos ineludibles como el pago de pensiones y jubilaciones del sector público y el costo financiero de la deuda.

La semana pasada, el presidente electo envió un mensaje en redes sociales en el que decía que el Paquete Económico del 2019 estaba casi listo y dio a conocer las erogaciones que se harían en el gasto no programable.

Para pensiones, expuso que se destinarían 928,000 millones de pesos; lo que significaría un incremento de 17%, respecto del presupuesto que se aprobó para el 2018, que fue un total de 793,734 millones de pesos.

Para el costo financiero de la deuda, que se refiere a los recursos que se destinan a comisiones, intereses y amortizaciones, se destinarán 726,000 millones de pesos, 10% más a de lo que se aprobó para este año por 647,479 millones de pesos.

Éste es el monto más alto que se haya pagado desde 1990, año hasta donde tiene registro la SHCP; además, representaría 3% del Producto Interno Bruto, 0.3 puntos porcentuales más de lo que se aprobó en el 2018.

“En este sexenio, la deuda creció casi 5 billones de pesos de lo que se tenía, lo cual es una tragedia porque, si bien se tuvo remanente de operación del Banco de México, la deuda no se vio reflejada en crecimiento ni en la reducción de la pobreza”, explicó el diputado de Morena.

Estados percibirán menos recursos

Con respecto a las participaciones de estados y municipios, se estima un presupuesto por 703,000 millones de pesos, lo que significaría 13% menos a lo que se aprobó para este año por 811,932 millones de pesos.

Lo anterior se puede interpretar por una posible reducción en la recaudación federal participable, pues se prevé que se reduzca el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado en la frontera.

En otro momento, el diputado Ramírez Cuéllar comentó que los recursos que perciben los estados a través del Ramo 28 y 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) se respetarían, es decir, no se cambiaría la fórmula para la asignación de recursos y sólo se haría un diagnóstico profundo sobre el ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocido como el fondo moche o la caja negra del presupuesto.

En el rubro de Servicios Personales, que se refiere al pago de nómina de trabajadores al servicio del Estado como enfermeras, maestros y doctores, así como remuneraciones y otros servicios a funcionarios públicos, se tendrá un ligero incremento de 2.5%, con lo que destinará 1 billón 252,000 millones de pesos.

Al sumar dichos recursos, con los rubros de pensiones, costo financiero de la deuda y participaciones, se tiene un gasto por 3.6 billones de pesos, lo que representa 68% del gasto que se aprobó en el 2018.

Al respecto, Ramírez Cuéllar dijo que se está trabajando en hacer una estructura programática para eliminar los recursos que se duplican o que no cumplen con su función; además, con los recortes a salarios, considera que se generará el ahorro prometido por el presidente electo de 500,000 millones de pesos.

Adelantó que la siguiente semana se reunirá con el equipo de transición, que lidera Carlos Urzúa para afinar detalles tanto de la Ley de Ingresos de la Federación, como de una posible miscelánea fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación.