Acceso a la vivienda en ciudades es imposible para 50% de la población

El acceso a una vivienda formal y adecuada es uno de los principales retos urbanos en México, pues casi la mitad de la población, correspondiente a los primeros cinco deciles de ingreso, no cuenta con la capacidad económica para adquirir una casa que cumpla con los estándares mínimos de habitabilidad en zonas urbanas consolidadas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

José Alfonso Iracheta Carroll, titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, explicó que hace algunos años este problema afectaba a cerca de un tercio de la población, pero en la actualidad se ha extendido.

“Hace algunas décadas era 30%, hoy ya hablamos del 50% de la población que no podría adquirir una vivienda adecuada en los términos que establece ONU-Hábitat”, comentó el también exdirector general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

La falta de vivienda asequible en zonas centrales ha modificado la forma en que evolucionan las ciudades. Iracheta apuntó que, en los últimos años, las ciudades se han expandido 2.3 veces más rápido que el crecimiento de la población.

Dicho patrón refleja un modelo de desarrollo de baja densidad, donde los centros urbanos pierden población y actividad económica, mientras la expansión se desplaza hacia periferias cada vez más alejadas.

“Esto implica retos importantes en materia de financiamiento para la provisión de servicios básicos, no hablamos siquiera de calidad, solamente de la provisión de servicios básicos, que en algunos casos ni eso se puede hacer”, afirmó el funcionario.

Rumbo a la informalidad

El encarecimiento del suelo y de la vivienda por encima de la capacidad de compra de una parte importante de la población ha abierto la puerta a un mercado informal. Ante la imposibilidad de acceder a opciones adecuadas, muchas familias optan por construir en terrenos irregulares, en muchos casos dentro del régimen de propiedad agraria.

Iracheta indicó que alrededor de 7.5 millones de familias viven actualmente en condiciones de irregularidad en México. Este fenómeno se explica en gran medida por la estructura del territorio nacional: cerca de 60% del suelo corresponde a ejidos y comunidades.

“Aproximadamente el 80% del crecimiento urbano registrado en los últimos 40 años ocurrió sobre suelo ejidal, el cual, por definición, se considera irregular cuando se destina a usos urbanos”, dijo el funcionario.

El régimen de propiedad agraria cuenta con una fuerte protección legal. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades ha presionado cada vez más sobre estos territorios, lo que exige procesos complejos para su incorporación formal al desarrollo urbano.

Efectos en cadena

La urbanización en zonas no aptas incrementa de manera considerable los costos para dotar de infraestructura básica.

Estudios citados por el subsecretario revelan que llevar servicios como agua, drenaje o electricidad a asentamientos irregulares puede costar hasta ocho veces más que hacerlo en zonas planificadas desde su origen. A este panorama se suman efectos colaterales de largo alcance.

“Con la capacidad recaudatoria reducida que hoy tenemos, se explica el desorden urbano que tenemos hoy en nuestro país. Esto además tiene costos crecientes en transporte, zonas de riesgo, ambientales, pérdida de patrimonio arquitectónico, histórico, cultural, además costos sanitarios, inseguridad y violencia”, remarcó Iracheta.

Ante este escenario, la Sedatu y sus dependencias impulsan el Programa de Gestión del Suelo, una estrategia que busca generar condiciones desde la política pública para aprovechar el mercado de suelo y vivienda como un motor de desarrollo urbano.

“Ahí entra el programa de Vivienda para el Bienestar, desde donde el sector público va a construir 1.8 millones de viviendas para familias que hoy están completamente fuera del mercado”, dijo Iracheta.