I

El discurso oficial y las voces conservadoras suelen exaltar los valores familiares y asegurar que se preocupan por el bienestar de la niñez. La realidad, sin embargo, nos confronta una y otra vez con el horror que viven miles de menores en el país. No me refiero hoy a los niños en condición de calle, a los que atrapa el crimen organizado o a los millones que viven en pobreza. Me refiero a aquéllos que, por abandono o limitaciones de sus padres, quedan bajo la protección de instituciones públicas o privadas. Los casos de Casitas del Sur o del albergue de Mamá Rosa nos advirtieron ya de la crueldad que puede darse en instituciones cerradas y el daño que hacen la negligencia de las autoridades o la indiferencia social.

El reciente caso de La Ciudad de los Niños de Salamanca y otros albergues regenteados por el cura?Pedro Gutiérrez Farías muestra de nuevo que las leyes y convenciones internacionales que México aprueba y firma son letra muerta para muchos funcionarios y encargados de velar por niños, niñas y adolescentes. Pareciera que, en vez de regirnos, las leyes sirvieran más, a posteriori, para señalar cómo se han trasgredido y cómo debe repararse el daño causado. Pero hay daños que nunca podrán repararse.

La Sentencia 485/2016 relativa a uno de los tres albergues de Salamanca, emitida el 9 de julio por la juez Ma. Karla Macías Lovera, es contundente: el maltrato, la crueldad y las transgresiones a la ley eran costumbre en ese lugar; más que albergue, institución carcelaria. Esta sentencia responde a un recurso de amparo presentado por el cura Gutiérrez en nombre de una niña que fue removida del albergue por considerarse necesario para su bienestar, ya que una monja le había quemado una mano por robar plastilina.

Por fortuna, el prestigio social y poder que le atribuyen algunas voces al cura Gutiérrez, no detuvo a la jueza Macías Lovera. Con perspectiva de derechos humanos y sentido ético, en su sentencia, ejemplar, demostró que el bien superior de la menor exigía mantenerla lejos de quienes habían atentaron contra sus derechos, y negó el amparo. Argumentó además en favor de todos los menores y mayores de edad residentes en alguno de los seis establecimientos de la Fundación Ciudad de los Niños. Aunque no todos hubieran sufrido abusos y maltrato, a todos afectaba la violencia del lugar, sus pésimas condiciones sanitarias, su caos legal... Con el fin de liberarlos de una situación de riesgo, la jueza emitió lineamientos a las autoridades de Guanajuato, que ahora deben hacer justicia y reparar el daño.

Los testimonios de los niños entrevistados aterran: golpes con palo por cualquier falta, comida escasa o podrida, ausencia de cuidados médicos, inexistencia de privacidad y libertad. A más de uno, el encargado de coros y mariachi lo dejó en sangre, a algunos los amenazó?con una pistola; algunos vivieron?el infierno del cuarto de castigo sin comida ni agua hasta por una semana. Hay también relatos de niñas abusadas sexualmente, de adolescentes embarazadas que desaparecieron, de niños manoseados por el cura y golpeados por su asistente. A estas abominaciones se añade el robo de identidad que implica el registro de más de 100 niños y niñas con los apellidos de Gutiérrez y de la monja Hortencia Jiménez; la apropiación de la custodia y patria potestad de los menores, cedida por convenio privado para siempre jamás por padres que llevaban al albergue a sus hijos por necesidad, creyendo que ahí les darían una vida mejor.

La indefensión en que han vivido cientos de niños bajo el cura Gutiérrez apunta a la negligencia o colusión de las autoridades. El DIF tiene ahora a su cargo un albergue ?que antes no supervisó. Dada la gravedad de los hechos y la posible existencia de una red de trata y venta de bebés, como han señalado periodistas y organizaciones defensoras de la niñez, urge la intervención federal. La CEAV ya atrajo el caso, la PGR no debe esperar más.