"La Ley Televisa y la lucha por el poder en México", libro coordinado por Javier Esteinou y Alma Rosa Alva de la Selva, cobra relevancia conforme avanzan los días. Y si lo leemos a través de la creación del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales bajo el mando de la Secretaría de Gobernación, habrá que preguntarse hasta dónde será capaz de llegar el Presidente Calderón con tal de no perder la sucesión del 2012.

Para muchos, parte de las respuestas por lo que refiere a los medios culturales adscritos a la SEP, vendrán de la solvencia moral de sus directivos. Indiscutible, la disciplina y complicidad de Fernando Sariñana en Canal Once. Pero en el caso de Jorge Volpi, en Canal 22, de Antonio Tenorio en Radio Educación, y de Ana Cecilia Terrazas en el IMER, algunos queremos pensar que no se prestarán a tal despropósito del Ejecutivo.

No tienen mucho tiempo para decidir y si respaldan la operación política, saben lo mucho que comprometen. Que Lujambio y Sáizar cumplan órdenes, se explica no sólo por lealtad. Montados en un ejercicio público que consideran incuestionable pretenden arribar a la posteridad transexenal. Para ello, nada como el aparato de propaganda recién creado. Es asidero para minimizar o descalificar la crítica.

Conviene entonces releer ciertas líneas de lo expresado por Javier Esteinou en las diferentes presentaciones de la obra. Dijo que se debe reafirmar la condición estratégica del espectro radioeléctrico como propiedad de la nación, formulando que toda explotación de este recurso nacional deberá ser objeto del pago contraprestaciones económicas, y delimitar jurídicamente un plazo limitado para su usufructo.

Que es necesario definir la actividad de los medios de difusión colectivos como instituciones de servicio público y no de interés público. Que es indispensable fomentar la amplia competencia, a través de acotar los esquemas de concentración existentes en el sector de las comunicaciones, de las telecomunicaciones y de los que empiezan a configurarse en el escenario de la convergencia tecnológica.

El catedrático de la UAM-Xochimilco expresó que los criterios para el otorgamiento y la renovación de concesiones deberán partir de la calidad del servicio prestado a las audiencias y de la pluralidad de los contenidos de las emisiones y no mediante el sistema de subasta al mejor postor financiero.

Es fundamental, subrayó, la reglamentación del Derecho de Réplica establecido en la Reforma Constitucional del año 2007, pues actualmente por no regularse sigue vedado a los ciudadanos.

Crucial resulta delimitar jurídicamente a los medios públicos como entidades de Estado, de servicio público, con autonomía respecto de los gobiernos y con diversas modalidades de financiamiento para alcanzar sus fines específicos. Y en perspectiva, es indispensable el pleno reconocimiento de los medios comunitarios e indígenas para promover su amplio desarrollo social.

Finalmente, para Esteinou es necesario abrir opciones al pluralismo y a la expresión de la democracia en los medios de comunicación de nuestro país a través del fomento a la producción independiente.

Pero Margarita López Portillo se remueve en su tumba.

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