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Sólo en Puebla habría 55,000 desfalcados
En el 2009, explotó la situación; los ahorradores han demandado sin éxito.
El fraude de Ficrea a más de 6,800 personas es el último eslabón de una serie de atropellos que han sufrido muchas personas en este país, debido a que casos de esta índole se han presentado sin que la autoridad castigue como debería, aseguró el senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Benjamín Robles Montoya.
De acuerdo con argumentos del legislador, conocer el número de ciudadanos defraudados por entidades financieras es imposible debido a la omisión de los supuestos reguladores del Estado en la materia, así como por la complicidad que existe en muchos casos por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con los defraudadores.
El ya paradigmático caso de Ficrea no es más que el último eslabón de un muy largo rosario de atropellos en contra del ciudadano ahorrador (...) La presencia de fraudes a lo largo y ancho del país es síntoma claro de graves fallas estructurales en nuestro sistema financiero , plasmó Robles Montoya en un documento.
Alerta en Puebla
De acuerdo con el senador perredista, durante el 2009 aconteció una cascada de fraudes en Puebla, debido a que empresas como Coofia, Sitma, Inverbien, Invergroup, Grupo Bienestar Social La Paz, Comsbmra, Incoin, Geici, Invertlax, Financiera Acierta, entre otras, defraudaron a más de 55,000 ahorradores en esa entidad por un monto aproximado de 3,000 millones de pesos. De dos años para acá se han sumado otros dolorosos casos de desfalco: Banpeco, Chamba México y Ficrea .
Sobre los fraudes de Sitma, Inverbien e Invergroup, el legislador por el estado de Oaxaca mencionó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) las inspeccionó, auditó y determinó el pago de la cartera de clientes que se tenían hasta diciembre del 2009.
Pese a esto, destacó, la misma CNBV no les dio seguimiento y mucho menos se alertó a la población para no invertir en estas empresas, que ya carecían del permiso de la autoridad, pero seguían con sus operaciones.
Desde entonces, en el 2009, cuando esta situación explotó y se hizo de conocimiento público, decenas de miles de poblanos han exigido justicia y retribución del daño. Primero al entonces gobernador, Mario Marín, y desde el 2010 al actual (Rafael Moreno Valle) , acotó en el documento.
Robles Montoya refirió que los ahorradores han llevado a cabo diversas acciones para recuperar su patrimonio, como demandas penales; sin embargo, se han enfrentado a barreras que impiden que prosperen.
La integración de las demandas, por parte del Ministerio Público, fue a toda luz errónea e insuficiente, misma que dio paso a que jueces dieran su veredicto en contra de los quejosos. Hoy la gran mayoría de los defraudadores se pasea con absoluta impunidad. La Procuraduría General de Justicia del estado ha recibido miles de querellas y denuncias de los afectado; no obstante, a los agraviados se les niega información , explicó Robles Montoya.
A seis años de estos sucesos, los avances han sido nulos. Las justas demandas de estos ciudadanos defraudados han sido desdeñadas por la administración local, no logrando ni siquiera conseguir una audiencia con el gobernador , añadió.
Ante este panorama, el legislador informó que propondrá que autoridades del estado logren entablar mesas de diálogo con los defraudados, con el fin de que se encuentre una solución al problema, que en su mayoría afecta a personas de la tercera edad.