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Proponen crear figura de jueces sin rostro
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dos iniciativas de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dos iniciativas de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Con respecto a la primera iniciativa, refiere que los cambios propuestos “buscan fortalecer el diseño institucional con prácticas efectivas que abatan el rezago, la corrupción, los excesivos privilegios y la poca supervisión en el actual modelo de justicia; dotando de un marco legal a las personas juzgadoras que permita la aplicación de la ley con perspectiva de derechos humanos, con vista a que el Poder Judicial sea un espacio de agentes transformadores y solucionadores de las desigualdades e injusticias que aún persisten en el sistema legal, abonando a la construcción de una sociedad más justa y a la cultura de paz”.
La segunda propuesta prevé “las medidas necesarias de protección para preservar la seguridad de las personas juzgadoras; la investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada con la anuencia de la unidad especializada; fortalecimiento en la acreditación de la existencia de una organización delictiva en procedimiento del sistema penal inquisitivo-mixto o del sistema penal acusatorio adversarial”.
Se propone adicionar un artículo 22 Bis sobre medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de los juzgadores.
“En los asuntos que versen sobre los delitos establecidos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Órgano de Administración del Poder Judicial de la Federación podrá, a solicitud del Ministerio Público o de la autoridad judicial competente, disponer mediante resolución fundada las medidas necesarias para preservar la seguridad y, de forma excepcional, resguardar la identidad de las personas juzgadoras en la investigación, proceso y ejecución de sanciones penales’’, precisa la iniciativa presidencial.
Ambas iniciativas quedaron fuera de la agenda legislativa a desahogar durante las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión en curso.