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Recomiendan capacitar a investigadores de la Feadle
David Kaye y Edison Lanza, relatores especiales de la ONU y la CIDH, observaron que la impunidad y la violencia persisten en el país.
A pesar de que el gobierno mexicano reconoce el grave problema que significa la violencia existente en contra de periodistas, “no ha podido asignar los recursos necesarios y demostrar voluntad política”, que permitan fortalecer los mecanismos de protección existentes en la materia, concluyeron dos expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de una misión oficial para examinar la libertad de expresión en el país.
David Kaye y Edison Lanza, relatores especiales sobre la libertad de expresión para la ONU y la CIDH, presentaron su reporte preliminar sobre las observaciones y recomendaciones a propósito del trabajo realizado durante una semana de misión.
Mediante un documento de 15 páginas, los especialistas exponen que “México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su gente (...) Durante nuestra semana en México, escuchamos historias repetidas de asesinatos y desapariciones, ataques físicos y psicológicos en contra de los medios y otras formas de interferencia designados no sólo para dañar a los periodistas como individuos sino el derecho del público a saber”.
Edison Lanza pormenorizó que, con base en información proporcionada por organismos de la sociedad civil así como testimonios, más de la mitad de esas amenazas provienen de actores estatales y tienen que ver con el uso de poder de las organizaciones policiales.
Observaron que a pesar de la creación por parte del gobierno de mecanismos de protección y persecución, la impunidad e inseguridad persisten. Ello, señalaron requiere incrementar rápida y sustancialmente los recursos disponibles para los mecanismos que se han establecido para proveer de protección y transparencia.
Durante su misión, los relatores especiales se reunieron con más de 250 periodistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Los relatores también dieron seguimiento a las recomendaciones emitidas por sus predecesores en el 2010 y evaluaron el progreso de las mismas, encontrándose con autoridades de alto nivel, federales y estatales en la Ciudad de México, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas.
Edison Lanza observó que pese a la creación un del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, así como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la situación de violencia en contra de reporteros y medios de comunicación se ha recrudecido, en particular en los últimos dos años.
Ante ello, recomendaron, además de fortalecer estas instituciones, establecer un programa de participación de expertos externos dirigido a asesorar y capacitar a los investigadores de la Feadle.
observaciones preliminares
- Adoptar las reformas legales necesarias para asegurar la efectiva cooperación y coordinación entre los niveles federal y estatal para proteger a los periodistas.
- Proveer al mecanismo federal de protección con los recursos humanos y económicos necesarios para llevar a cabo su mandato. En particular, incrementar el número de analistas de riesgo.
- Los medios deberían tener un papel clave en la seguridad de sus periodistas y deberían ofrecer capacitación en seguridad y auto-protección de sus empleados.
- El Estado debería adoptar una serie de medidas sustantivas y sostenibles para abordar la situación estructural de impunidad en la que residen los crímenes.