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Opinión

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¿Semiconductores en México?

México busca fortalecer su industria de semiconductores tras la pandemia, aprovechando activos locales y T-MEC, enfrentando infraestructura, talento y manufactura front-end como principales obstáculos estratégicos.

Vidal Llerenas Morales | Columna Invitada

La pandemia puso en evidencia algo que los especialistas en cadenas de suministro ya sabían: la producción mundial de semiconductores está extraordinariamente concentrada. Un puñado de países —Taiwán, Corea del Sur, los Países Bajos para ciertos equipos críticos— controlan los eslabones más sofisticados de una industria de la que depende prácticamente todo lo que funciona con electricidad. Cuando las fábricas se detuvieron en 2020 y la demanda de electrónicos se disparó, el desabasto de chips tardó más de dos años en resolverse y costó cientos de miles de millones de dólares en producción perdida en sectores tan distintos como el automotriz y el de electrodomésticos. La lección no fue sutil.

México ha respondido a esa coyuntura con un conjunto de apuestas de política industrial. Los semiconductores forman parte del Plan México como sector estratégico, con metas que incluyen reducir en 10% la dependencia de componentes clave —sensores, actuadores, controladores para vehículos eléctricos—, duplicar la proveeduría local y relocalizar operaciones de ensamble, prueba y empaquetado por 10,000 millones de dólares. Las metas son ambiciosas. La pregunta no es si son deseables —lo son— sino qué condiciones impiden hoy alcanzarlas, y qué acciones están previstas para atenderlas.

En ese contexto llega el reporte Promoting the Growth of the Semiconductor Ecosystem in Mexico, publicado por la OCDE. Es un documento técnico y detallado, basado en evidencia cuantitativa y cualitativa, cuyo valor no está en confirmar lo que ya intuimos sino en precisar cuáles son los obstáculos concretos que frenan el desarrollo del sector.

El diagnóstico no es pesimista. México parte de activos reales: acceso preferencial al mercado de Estados Unidos vía el T-MEC, una base manufacturera consolidada en electrónica y automotriz, centros de investigación con capacidades en diseño de chips —el INAOE y el Cinvestav son ejemplos reconocidos internacionalmente— y experiencia acumulada en las etapas de ensamble, prueba y empaquetado. La demanda interna tampoco es menor: los sectores automotriz, electrónico y de centros de datos que operan en el país consumen semiconductores de manera intensiva y podrían anclar una cadena de proveeduría local si se generan las condiciones para desarrollarla.

El reporte identifica tres cuellos de botella que se refuerzan mutuamente. El primero es la infraestructura: una planta de semiconductores requiere electricidad y agua en volúmenes que el norte del país —donde se concentra la manufactura— no había requerido para el desarrollo de alguna industria. El gobierno ha respondido con nueva regulación en ambos sectores y una cartera de proyectos de inversión pública y privada orientada a cerrar esa brecha. El segundo es el talento: México forma ingenieros, pero el perfil que necesita la industria —diseñadores de chips, ingenieros de verificación, especialistas en manufactura de precisión— escasea, y quienes existen enfrentan ofertas del exterior difíciles de igualar localmente. En esa dirección, se han iniciado trabajos de actualización curricular en el marco del Consejo para la Transformación Productiva y la Innovación. El tercero es la ausencia de capacidades de manufactura front-end —la producción de obleas de silicio—, lo que mantiene al país en los eslabones de menor valor agregado de la cadena; la apuesta para atenderlo es precisamente la relocalización de operaciones ya mencionada.

El reporte de la OCDE llega en el momento oportuno. México tiene los activos, tiene la ubicación y tiene, por primera vez en mucho tiempo, una agenda industrial que apunta en la dirección correcta. El siguiente paso es ejecutar.

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York

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