El impacto de los bonos soberanos sostenibles

Parecía difícil colocar deuda mexicana en condiciones favorables ante un entorno económico y financiero global deteriorado por la pérdida de liquidez en los mercados derivada de la Covid-19 y la disminución en las calificaciones crediticias de la deuda mexicana de agencias como Fitch Ratings, Moody's y S&P Global Ratings.

Sin embargo, dentro del límite de endeudamiento previsto en el programa de financiamiento para el 2020, hace unos días México emitió un bono soberano sostenible a siete años, con vencimiento en septiembre del 2027, por 750 millones de euros, vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

Con la participación de 267 inversionistas institucionales globales el bono alcanzó una demanda de hasta 4.,800 millones de euros, esto es, 6.4 veces el monto ofrecido, con una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.603% y pagando una tasa cupón de 1.350 por ciento. Fue tan exitosa la colocación que el Banco Central Europeo decidió aceptarlos como colaterales para operaciones de crédito, haciéndolos más atractivos para inversionistas.

Tal nivel de apetito se explica por la seriedad de la estructura del bono, que liga los fondos con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en las comunidades más desfavorecidas del país, en base a la recopilación territorial de datos espaciales, bajo el "Marco de Bonos Soberanos SDG" desarrollado con el banco de inversión Natixis y el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se encargará de emitir una opinión sobre el informe de impacto que se presente a los inversores.

Sin embargo los 750 millones de euros representan poco más de 19,400 millones de pesos, que casi alcanzarían para financiar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en 2021, contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos con una asignación de 20,600 millones de pesos, por lo que aún estamos muy lejos del monto de financiamiento requerido para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores.

Tan solo para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos implica inversiones millonarias en sistemas de riego para el campo, en plantas de tratamiento y la renovación de redes de distribución en las ciudades, donde se desperdicia el 40% del agua.

Qué decir de los otros 16 objetivos, entre ellos garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos; lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles; y tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Hay que actuar ya, el hambre, la pobreza y la crisis climática son reales y estamos sintiendo sus efectos, con nuevas enfermedades, incendios forestales, sequias, deshielo y huracanes, entre muchos.

Recursos escasos obligan a una rigurosa evaluación del impacto en las comunidades, del uso eficiente y eficaz de los mismos, por lo que habrá que observar a detalle los informes que elabore el gobierno de México al respecto, con el visto bueno del PNUD, pero sobre todo de la gestión de estos recursos en el Sistema de Evaluación de Desempeño de la SHCP y aprovechar que México ha mapeado su presupuesto federal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El impacto es mínimo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero esta colocación de bonos soberanos sostenibles no sólo inaugura el programa de financiamiento sustentable de México sino que confirma la confianza de inversores globales en nuestro país, etiqueta recursos al desarrollo sostenible, permite evaluar el impacto en las comunidades y abre la puerta para mejorar el perfil de la deuda mexicana. Hay que ir por más y apurar el paso, porque 2030 está a la vuelta de la esquina, el reto es enorme, se requieren más recursos, y tenemos muy poco tiempo para dar resultados.