Competir con el gobierno en contra

El pasado jueves 5 de octubre fue un día de enorme nerviosismo en los mercados mexicanos, por la estrepitosa caída en el precio de las acciones de los tres grupos aeroportuarios privados (OMA, Asur y GAP) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que obligó incluso a la suspensión temporal de las operaciones bursátiles de estas emisoras. Estas empresas operan 34 aeropuertos del país, mediante títulos de concesión otorgados en los años 90, cuando se privatizó la operación aeroportuaria.

La razón inmediata es la reducción unilateral por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de las tarifas aeroportuarias aplicables a las concesionarias para cobrar por distintos servicios a los pasajeros y a las aerolíneas. La modificación no aplica a los aeropuertos de la Ciudad de México y Felipe Ángeles (AICM y al AIFA, respectivamente).

Una disminución en tarifas podría trasladarse a los precios que pagan los consumidores por un bien. Si, en este caso, se tradujera en un menor precio de los boletos de avión, esto debería estimular la demanda. Entonces, ¿por qué los inversionistas recibieron con tanta inquietud esta noticia?

Para empezar, una baja en precios al usuario final debe ser resultado de una reducción en costos en la producción de ese bien o servicio, ya sea por mejoras tecnológicas, eficiencias en el proceso productivo, menores precios de los insumos, o incrementos en la productividad de los trabajadores. Que sepamos, nada de esto ocurrió entre el miércoles y el jueves pasado. Los precios no pueden manipularse por decreto sin tener efectos negativos en los mercados.

En segundo lugar, los concesionarios de aeropuertos –y sus accionistas– tienen sus ingresos y, con ello, sus planes de gasto e inversión, estimados conforme a las ventas y la demanda esperada. Un súbito e inesperado recorte en los ingresos, les puede impedir hacer frente a obligaciones ya contraídas, concluir proyectos ya iniciados o simplemente no emprender mantenimientos o mejoras necesarios. La certidumbre regulatoria es un elemento central en cualquier modelo de negocios.  Por otra parte, si bien AFAC tiene la facultad de modificar los términos tarifarios, no está exenta de las obligaciones constitucionales de fundar y motivar sus decisiones, y de insertarlas en procesos regulatorios y de análisis costo-beneficio en los que se escuche a la industria afectada. La baja unilateral de tarifas, que además no alcanza de la misma manera a todos los jugadores del mercado, tiene tintes de arbitrariedad y discriminación, con lo que afecta negativamente la certidumbre y la competitividad de la industria en su conjunto.

Es cierto que los títulos de concesión no garantizan un rendimiento a los concesionarios, pero esto está lejos de ser una carta blanca para abandonar la obligación del Estado de ser el garante de las condiciones de competencia y de los demás derechos económicos de los mexicanos.

Al mantener una TUA y otras tarifas más altas en el AICM y AIFA, lo que se ha justificado en que tienen obligaciones que cumplir, el gobierno sigue compensando con mano negra la falta de competitividad de las empresas estatales.

Finalmente, los actos de autoridad tan mal planeados y ejecutados afectan no solo a quien se pretendía impactar, con total indiferencia por el mero hecho de pertenecer al sector privado, sino a la economía en su conjunto. No solo perdieron OMA, Asur y GAP más del 20% del valor de sus acciones en una sola jornada, sino que también el IPC retrocedió más de 2 por ciento. La afectación tal vez alcanzó incluso al tipo de cambio. El peso, por primera vez en semanas, se depreció frente al dólar americano y rebasó la barrera de los 18 pesos, tendencia que continuó el pasado viernes por este y otros factures.

En México, el sector privado sigue teniendo que competir con el gobierno en contra.