Especialistas advierten riesgos para el mercado de vivienda en renta por iniciativa de CDMX

La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias, Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México abrió cuestionamientos entre especialistas del sector inmobiliario, quienes advierten que algunas de sus disposiciones podrían modificar las condiciones para los propietarios y afectar las decisiones de quienes participan en el mercado de vivienda en renta.

Salvador Sacal, especialista inmobiliario, cuestionó los cambios que la propuesta plantea al Código Civil capitalino en materia de duración y prórroga de los contratos. Desde su perspectiva, algunos de esos aspectos ya están contemplados en el marco jurídico vigente, por lo que consideró innecesario incorporarlos en una nueva legislación.

“Si ya está interpuesto, ¿para qué lo pones en esta ley?... debería de mantenerse y no derogarse (en el Código Civil)”, expresó Sacal.

Registro de arrendamientos, otro cuestionamiento

El especialista también cuestionó la información que contempla el registro digital de contratos. La iniciativa establece que los propietarios deberán inscribirlos y proporcionar datos como los nombres de las partes, la ubicación del inmueble, el precio de la renta, el monto del depósito y el tipo de garantía.

Este planteamiento debe revisarse a la luz de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que el registro debe limitarse a la recopilación de datos indispensables para fines estadísticos y de política pública, sin incluir información que permita identificar a las partes o detalles contractuales que no sean necesarios.

La propuesta establece que los propietarios deberán registrar los contratos dentro de los 30 días posteriores a su celebración y entregar la constancia correspondiente al arrendatario. La falta de inscripción puede derivar en una multa de uno a tres meses de renta.

Los participantes también expresaron inquietudes sobre los mecanismos de mediación y acompañamiento social ante desalojos previstos en la iniciativa, así como sobre las restricciones a los procedimientos de investigación y selección de posibles inquilinos.

En particular, el artículo 23 prohíbe trasladar a los arrendatarios determinados gastos relacionados con la contratación de intermediarios, la consulta de historiales crediticios, la verificación de obligaciones fiscales y las pólizas jurídicas. También limita los procesos de investigación de los inquilinos a aquellos relacionados estrictamente con su solvencia económica y que cuenten con su autorización expresa.

Preocupación por la oferta

Las objeciones también alcanzaron las condiciones para desarrollar vivienda en la capital. Tony Hánna, director general de Hanna Inmobiliaria, cuestionó las dificultades para obtener permisos de construcción y el encarecimiento de los terrenos, factores que, desde su perspectiva, representan obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos.

“Cada vez es más complicado conseguir un permiso de construcción para un proyecto en la Ciudad de México. Los terrenos son muy caros”, mencionó.

Los especialistas consideraron que las disposiciones de la iniciativa deben analizarse también desde sus posibles efectos sobre las decisiones de los propietarios y la disponibilidad de inmuebles para arrendamiento.

Por su parte, Federico Sobrino cuestionó la falta de interlocución del sector inmobiliario con las autoridades capitalinas y la ausencia de una representación capaz de defender los intereses de quienes participan en esta actividad.

“Hoy no tenemos un liderazgo claro en ninguna instancia, precisamente para defender nuestros derechos, ya sea de los inmobiliarios o de los propietarios”, comentó Sobrino.