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Organizaciones respaldan la Ley de Rentas Justas y proponen contratos de cinco años
La propuesta de contratos multianuales busca dar mayor seguridad de permanencia a las personas arrendatarias, junto con medidas de asesoría jurídica y atención previa a los desalojos
La regulación de los arrendamientos en la Ciudad de México abre el debate sobre la estabilidad contractual, la protección de las personas inquilinas y el acceso a vivienda asequible.
Contratos de arrendamiento de al menos cinco años, asesoría jurídica para las personas inquilinas y mecanismos de atención antes de los desalojos forman parte de las propuestas de organizaciones sociales para fortalecer la protección de quienes rentan vivienda en la Ciudad de México, de acuerdo con un posicionamiento que respalda la iniciativa impulsada por el gobierno capitalino.
El documento, fechado el 26 de octubre, está suscrito por colectivos y organizaciones como la Red Nacional por la Vivienda (RENVI), la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina (HIC-AL), el Frente por la Vivienda Joven, TransHabitat, Proyecto Memorial Urbano y el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (Copevi), además de otros grupos vinculados con el derecho a la vivienda.
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“Para garantizar una mayor estabilidad habitacional y seguridad de tenencia desde el inicio de la relación de arrendamiento, la Ley debe promover la celebración de contratos multianuales, se propone un mínimo de 5 años”, plantea el posicionamiento.
Según los firmantes, esta medida contribuiría a reducir la incertidumbre que enfrentan las personas inquilinas ante la renovación periódica de sus contratos y fortalecería su derecho a permanecer en la vivienda.
La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles fue presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ante el Congreso de la Ciudad de México, con el propósito de regular los arrendamientos habitacionales y establecer límites a los incrementos anuales de los alquileres.
El proyecto contempla medidas como el registro de contratos y la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, además de mecanismos de acompañamiento social ante desalojos y disposiciones relacionadas con el arraigo vecinal y el acceso a vivienda asequible.
Protección para inquilinos
Entre los planteamientos de las organizaciones destaca la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias que oriente, asesore y acompañe jurídicamente a las personas inquilinas, una instancia que, de acuerdo con el documento, no existía previamente y que podría intervenir en conflictos derivados de los contratos de arrendamiento.
Los firmantes también respaldan la incorporación de un gabinete de desalojos que permita abordar estos procedimientos desde una perspectiva social, mediante mecanismos de conciliación entre las partes, visitas sociohabitacionales previas y canalización a apoyos sociales o alternativas habitacionales.
En materia de incrementos, el posicionamiento propone que el límite al aumento del alquiler quede vinculado con la vivienda y no con la persona arrendataria, pues advierte que cambiar el nombre de quien ocupa el inmueble puede utilizarse para eludir el tope inflacionario.
Sobre el registro de contratos, las organizaciones consideran necesario establecer consecuencias por incumplir esta obligación y plantean que, cuando el arrendador no registre el acuerdo, la persona inquilina pueda realizar el trámite.
El documento también respalda el reconocimiento de la función social, económica y cultural del arrendamiento, así como la incorporación de medidas para preservar el arraigo vecinal y comunitario, al considerar que los vínculos sociales y la permanencia en los barrios forman parte de la vida de la ciudad.
Los firmantes sostienen que la discusión legislativa debe continuar y plantean que las críticas y propuestas permitan fortalecer la iniciativa, con mayor claridad sobre los alcances y las condiciones aplicables al alquiler de vivienda.
