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ADI avala resolución de la SCJN sobre rentas en CDMX, pero advierte riesgos para la inversión
El organismo destacó que el tope ligado a la inflación no ha afectado al sector, pero advierte que un control de precios reduciría la oferta de vivienda en la capital
Foto: Panorámica de la Ciudad de México
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló que el incremento anual de las rentas de vivienda en la Ciudad de México no pueda ser mayor a la inflación del año previo, es una medida razonable conforme al ciclo de la economía; sin embargo, hace innecesaria una eventual ley de alquiler que busque imponer restricciones directas a los precios, consideró la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).
Para el organismo, el verdadero freno al desarrollo habitacional en la capital no se encuentra en el tope a los aumentos de renta, sino en la falta de instrumentos de planeación urbana, la lentitud en los trámites y la ausencia de condiciones que permitan producir vivienda a mayor escala.
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La SCJN resolvió que el límite al incremento anual busca proteger el derecho a una vivienda adecuada y evitar aumentos desproporcionados que comprometan la asequibilidad de los hogares. La Corte también precisó que la medida no implica un congelamiento de rentas ni la fijación del precio inicial del arrendamiento, sino únicamente una restricción al ajuste anual.
Desde la perspectiva de la ADI, este criterio resulta razonable tanto jurídica como económicamente. “Los incrementos ligados a la inflación son una práctica común en el mercado institucional. Normalmente los sueldos aumentan con la inflación y los insumos también, por lo que tiene sentido que las rentas lo hagan”, indicó en entrevista Bosco Quinzaños, presidente del organismo.
El directivo destacó que, desde que el tope fue incorporado al Código Civil local en el 2024, no se ha observado un efecto negativo relevante para los desarrolladores.
Motivo de preocupación
Donde existe inquietud para la ADI y sus asociados es frente a una eventual Ley de Rentas Justas y Asequibles que, a diferencia del límite a los aumentos, podría implicar controles directos sobre los precios de mercado.
Para la ADI, ese tipo de medidas desincentivan la inversión privada, reducen la construcción y terminan contrayendo la oferta de vivienda, lo que a la larga presiona aún más los precios.
“El gran problema de la Ciudad de México es el déficit estructural de vivienda. Se necesitan alrededor de 70,000 viviendas al año y hoy se están produciendo menos de 5,000”, advirtió Quinzaños.
El directivo explicó que, ante este entorno, la inversión de los socios de la ADI en la capital ha cambiado de forma drástica. “Hace algunos años, cerca de 80% de la inversión de nuestros asociados se destinaba a la Ciudad de México. Hoy es menos de 20%”, indicó.
Según el organismo, este desplazamiento responde a la falta de certeza en los tiempos de autorización de proyectos y a la dificultad para obtener cambios de uso de suelo, densidades y permisos. “Un proyecto de inversión requiere certeza en los tiempos”, sostuvo Quinzaños.
La ADI considera que la solución pasa por fortalecer la planeación urbana, actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial, simplificar procesos y promover una densificación adecuada que permita desarrollar vivienda vertical, accesible y de usos mixtos.
Este tipo de política pública, añadió, podría ampliar la oferta y generar condiciones para que los precios se moderen de forma sostenible. “La única manera de que los precios bajen es produciendo más vivienda”, concluyó.