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Inicia revisión de casos de militares
El Poder Judicial de la Federación y la CNDH, después de las nuevas normas surgidas por el Caso Radilla y emitidas por la Suprema Corte, en donde se restringe el fuero a las Fuerzas Armadas que cometieran violaciones a los derechos humanos, analizarán los casos en que militares incurrieron en excesos.
El Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), después de las nuevas normas surgidas por el Caso Radilla y emitidas por la Suprema Corte, en donde se restringe el fuero a las Fuerzas Armadas que cometieran violaciones a los derechos humanos, analizarán los casos en que militares incurrieron en excesos, vejaciones y homicidio para detener y consignar a presuntos delincuentes, pues existe la posibilidad de que las pruebas no tengan valor probatorio, al haber sido fabricadas vía tortura, así como posibles inhumaciones de personas porque se les fueron en el interrogatorio .
La búsqueda iniciará en Morelos, donde la CNDH tiene documentados casos que involucran a elementos del XXI Batallón de Infantería como el teniente José Guadalupe Orizaga y Guerra, quien está preso en el Campo Militar Número Uno y sujeto a proceso por tortura, homicidio e inhumación clandestina.
Otro caso es el del coronel José Guadalupe Arias Agredano, con proceso en el Juzgado V Militar en cumplimento de la indagatoria PGR/SIEDO/312/V y el expediente militar 331/2011, que capturó a Horacio Hernández Demesa y Jethro Ramsés, el segundo fue torturado y murió por convulsiones y paro cardiaco. El cuerpo del occiso fue subido al vehículo 0821303 y trasladado por la carretera Tochimizolco-Atlixco e inhumado clandestinamente a 50 metros del paraje Ocotera en Puebla.
La justicia federal y la CNDH solicitarán a los jueces federales de Morelos tengan cuidado al resolver casos con información procedente de militares encarcelados, porque se estaría alentando una nueva guerra sucia y de no ser estrictamente meticulosos podrían ser sancionados los impartidores de justicia por el Consejo de la Judicatura Federal.
La Comisión documentó que los testimonios y pruebas de militares procesados por tortura, falsedad de declaraciones y homicidio sean desechados porque no son dignos de credibilidad y valor jurídico, como estableció la Suprema Corte en el caso Radilla.
rtorres@eleconomista.com.mx
